Human Rights Watch

Ausencia de mecanismos de monitoreo y de denuncia adecuados

El sistema carcelario de Cuba carece de mecanismos de supervisión adecuados y no brinda a los presos medios efectivos para que denuncien estos hechos.

Los funcionarios no se encargan de solucionar los casos de abuso que se les presentan, con lo cual permiten que continúen las deplorables condiciones y que los responsables de los abusos gocen de tota impunidad.

Todo esto constituye una violación de las obligaciones internacionales de Cuba —en especial, considerando que Cuba es un estado miembro de la Convención contra la Tortura— de ofrecer recursos efectivos y confidenciales a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

No obstante, el gobierno cubano sostiene públicamente que sus cárceles cuentan con un sistema de control y de denuncia efectivos, y en marzo de 2009 informó a la ONU que:

Los reclusos tienen derecho a presentar denuncias y peticiones a las autoridades y a recibir una respuesta adecuada dentro de un plazo razonable, de conformidad con la legislación pertinente. La violencia y los malos tratos, físicos o psicológicos, están absolutamente prohibidos y constituyen delitos en virtud de la ley cubana. Todas las cárceles están sujetas a un sistema de inspección que es independiente de la autoridad encargada de su administración.

Tanto ex reclusos como familiares de personas que actualmente se encuentran en prisión expresaron incertidumbre con respecto a quién era responsable de controlar las condiciones y de investigar las denuncias dentro de las cárceles, e insistieron en que el control no era independiente ni efectivo. Los presos manifestaron que no se les informaba su derecho a efectuar denuncias ni cómo registrar los abusos.

Los disidentes con quienes hablamos dijeron que las denuncias de abuso se enfrentaban por lo general con investigaciones insuficientes, indiferencia o incluso represalias.

Alexander Santos Hernández, encarcelado en la cárcel Cuba Sí!, en Holguín entre 2006 y 2008, expresó sobre el funcionario que se suponía estaba a cargo de recibir las denuncias:

“Es como si no existiera [un oficial de control interno] porque [ante] cualquier denuncia, él le da la razón a los oficiales. Nunca el control interno sanciona o llama la atención a un oficial por cualquier tipo de violación”.

Digzan Saavedra Prat, un activista político que estuvo encarcelado en Cuba Sí! en 2008 por “peligrosidad”, manifestó que recurrió al supervisor interno de la cárcel para pedirle ayuda una vez que un preso común lo amenazó. El funcionario le respondió que no era su problema.

En tres casos, los ex presos políticos expresaron que los mismos individuos responsables de monitorear los abusos eran quienes propinaban las golpizas y hostigaban a los reclusos.

El ex preso político Víctor Yunier Fernández Martínez manifestó que el supervisor interno de la cárcel 1580, en La Habana —donde estaba preso por una acusación de “peligrosidad”— “fue uno de los que me amenazó y ordenó a varios oficiales que me agredieran el 27 de septiembre del 2006”.

Como no tienen otro recurso frente a los abusos, los presos políticos suelen iniciar huelgas de hambre y adoptar otras medidas drásticas para llamar la atención sobre su tratamiento.

Sin embargo, estos actos suelen redundar en represalias por parte de los funcionarios
penitenciarios. Por ejemplo, Yordis García Fournier mantuvo una huelga de hambre durante más de un mes en 2008 para protestar por el trato injusto que recibía de las autoridades carcelarias. Como castigo por no comer, los funcionarios penitenciarios suspendieron las visitas familiares de García y lo sometieron a reclusión en una celda de aislamiento.

VIII. Formas habituales de represión

Diversos actos diarios de represión castigan a los disidentes y sus familias en todos los aspectos de sus vidas. El gobierno recurre a las detenciones por períodos breves con el fin de castigar a los disidentes por ejercer sus libertades fundamentales y evitar que participen en actividades “contrarrevolucionarias”, como reuniones no oficiales.

Los disidentes son víctimas de agresión verbal, hostigamiento y golpizas por parte de agentes de seguridad y grupos de civiles vinculados con el estado, y se llevan a cabo “actos públicos de repudio” frente a sus hogares, lo cual somete a disidentes y familiares a humillación e incluso a ataques colectivos.

Los funcionarios del gobierno amenazan reiteradamente a los disidentes con encarcelarlos si no abandonan sus actividades. Son despedidos de sus empleos, se les niega acceso al empleo y son multados, y generando graves perjuicios económicos a sus familias. Asimismo, el gobierno prohíbe habitualmente que los críticos ejerzan el derecho a viajar dentro y fuera de la isla. Por último, los disidentes son objeto de una vigilancia constante e invasiva y, con frecuencia, la información obtenida se utiliza posteriormente en su contra en procesos judiciales que son una farsa.

Detención por períodos breves

Las fuerzas de seguridad recurren habitualmente a detenciones por períodos breves para castigar a los disidentes o impedir su participación en eventos considerados “contrarrevolucionarios”. Varias decenas de disidentes que fueron víctimas de este tipo de detenciones arbitrarias relataron a Human Rights Watch que no recibieron ninguna
explicación sobre su detención, y fueron encerrados en condiciones inhumanas durante horas, o incluso días, junto con presos que ya habían sido condenados. Estas prácticas contradicen la Constitución de Cuba y las normas internacionales que regulan el tratamiento de prisioneros.

Desde que Raúl Castro asumió el poder en reemplazo de Fidel Castro en 2006, la cantidad de detenciones arbitrarias ha aumentado en forma significativa. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), una respetada organización de derechos humanos de Cuba, documentó 325 detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad en 2007.

En la primera mitad de 2009, documentó 532. Dichas detenciones se llevan a cabo sistemáticamente para evitar que las personas ejerzan su derecho de reunión en forma pacífica.

El uso generalizado de la detención arbitraria se encuentra codificado en la leyes cubanas, las cuales facultan —y en algunas instancias obligan— a los funcionarios del gobierno a llevar a cabo arrestos. De acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal, las autoridades y la policía deben detener a cualquier persona que cometa un “delito contra la seguridad del Estado”, cuyos actos “hayan producido alarma o... se cometen con frecuencia en el territorio del municipio” o cuando “existan elementos bastantes para estimar fundadamente que el acusado tratará de evadir la acción de la justicia”.

Estas definiciones subjetivas permiten a los funcionarios interpretar que un amplio espectro de acciones pueden justificar una detención.

En diciembre de 2008, el gobierno de Cuba arrestó en forma preventiva a más de 30 personas en los días previos al Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre). Muchas de ellas fueron arrestadas cuando intentaban viajar a La Habana para participar en pequeñas reuniones de grupos no oficiales o en actividades de oposición programadas para ese día, en el cual se conmemoraba el 60º aniversario de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entre los disidentes detenidos estaban Belinda Salas, Lázaro Joaquín Alonso Román,
Marlene Bermúdez y Roberto Marrero de la Rosa, quienes fueron blanco de ataques el 9 de diciembre de 2008 en La Habana, luego de usar las computadoras en la Sección de Intereses de los Estados Unidos para revisar el correo electrónico. Salas lidera una
organización no oficial de mujeres, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales de Cuba, y su esposo, Alonso, es un ex preso político. Según Bermúdez y Marrero—defensores de derechos humanos de Camagüey— ocho agentes de seguridad atacaron a los disidentes y los golpearon violentamente sin motivo aparente. Alonso recibió numerosos golpes en la ingle, el rostro y la cabeza, hasta quedar inconciente. Los agentes desgarraron las camisas de Bermúdez y Salas, y los dejaron semidesnudos. Alonso, Bermúdez y Marrero fueron detenidos, para luego ser puestos en libertad después del 10 diciembre, sin que se presentaran cargos en su contra.

Marta Díaz Rondon, una defensora de derechos humanos, dijo que la habían detenido seis veces en los últimos años, siempre antes de reuniones y encuentros programados con otros disidentes. Díaz dijo que “Cada vez que va a llevarse a cabo una actividad, como una manifestación pacífica, toman medidas represivas. No se nos permite vernos ni viajar”.

En marzo de 2009, contó que la habían detenido cuando intentaba visitar a Jorge Luís García Pérez —también conocido como Antúnez— quien estaba realizando una huelga de hambre en su hogar a modo de protesta para exigir que cesaran los abusos contra presos políticos.

En Cuba Oriental, tres disidentes manifestaron haber sido víctimas de una práctica que denominaron secuestros, mediante la cual agentes vestidos de civil los detuvieron, los trasladaron a lugares desconocidos, los interrogaron y posteriormente los liberaron. Marco Antonio Lima Dalmau, un periodista y defensor de derechos humanos de Holguín, quien fue víctima de uno de estos “secuestros” en 2009, dijo que nunca pudo saber siquiera a qué sector de las fuerzas de seguridad de Cuba pertenecían sus captores, y no se le entregó ningún registro de su detención.

Golpizas y uso excesivo de la fuerza

Los disidentes que participan en actos considerados “contrarrevolucionarios” son habitualmente víctimas de ataques, golpizas y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad. Los ataques son llevados a cabo tanto por funcionarios del gobierno como por miembros de grupos de civiles afines al gobierno, los “comités de defensa de la revolución” (CDR) y las “brigadas de respuesta rápida”.

El 24 de febrero de 2008, la periodista y defensora de derechos humanos Ana Margarita Perdigón Brito, junto con su padre y su hermano, participaron en una manifestación pacífica y poco masiva en Sancti Spíritus para conmemorar el aniversario de un incidente ocurrido en 1996, en el cual el gobierno de Cuba disparó contra dos aviones pertenecientes a una organización con sede en Miami.

La periodista contó que los agentes de seguridad dispersaron la concentración, les dieron “una golpiza salvaje” a los participantes, y la llevaron, junto con su padre y su hermano, a una delegación policial. Allí, los agentes de policía arrojaron a su padre contra una pared y la sujetaron fuertemente por el cuello, hasta que perdió el conocimiento.

Alexander Santos Hernández, un disidente de Holguín, dijo que fue víctima de un ataque en junio de 2006 por parte de ocho miembros de una “brigada de respuesta rápida” —un grupo integrado por civiles afines al gobierno—. El grupo, liderado por un oficial de rango del departamento de policía local, lo atacó en la vía pública sin que mediara ningún tipo de provocación, y amenazaron con encarcelarlo o matarlo si no abandonaba sus actividades “contrarrevolucionarias”.

En cuatro oportunidades distintas, en Matanzas, Holguín y Las Tunas, diversos disidentes relataron a Human Rights Watch que casi no lograron escapar cuando automóviles intentaron atropellarlos deliberadamente. Las víctimas dijeron que, durante los ataques o después de estos, los conductores o pasajeros les gritaron comentarios que sugerían que estaban siendo atacados a causa de sus actividades políticas.

Juan Francisco Sigler Amaya, un defensor de derechos humanos y hermano de dos presos políticos, dijo que un automóvil trató de atropellarlo en enero de 2006, cuando se trasladaba en bicicleta hacia la plantación de azúcar en la cual trabajaba, en la provincia de Matanzas:

[A]l auto que venía detrás, de color verde oscuro, no pude ni leerle la matricula. Cuando yo venía en la bicicleta, tenían las luces prendidas, pero sentí que estaban acelerando y apagaron las luces a gran velocidad. Con mi instinto de conservación, lo que atiné fue a dar un timonazo, que fue lo que [me] salvo la vida.... Casi me corto la barriga con el machete que llevaba, porque di tres vueltas con la bicicleta. [Las personas que se encontraban en el automóvil] me gritaban; dos hombres y una mujer, diciéndome horrores: “¡Contrarrevolucionario! ¡Te vamos a matar!”. Luego arrancaron y se desaparecieron.

Los disidentes también denunciaron un patrón de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los agentes de seguridad del estado durante los arrestos. El 31 de agosto de 2008, Yordis García Fournier e Isael Poveda Silva, miembros del grupo político no oficial Jóvenes por la Democracia, se dirigieron a una delegación policial en Guantánamo para visitar a Enyor Díaz Allen, otro miembro del mismo grupo que había sido detenido arbitrariamente el día anterior.

Como la policía se negó a permitirles la visita, García y Poveda se pararon afuera de la delegación y comenzaron a gritar consignas a favor de los derechos humanos y en contra de Castro. Sin ninguna advertencia —según contaron posteriormente a sus familiares— la policía les lanzó gases lacrimógenos y, luego de salir precipitadamente de la delegación, les propinaron reiterados golpes y patadas, pese a que ellos no se defendieron.

García y Poveda fueron luego condenados a un año, y un año y cuatro meses de prisión, respectivamente, por incurrir en desacato a la autoridad.

Los disidentes y los familiares que intentaron asistir a los juicios de personas detenidas por motivos políticos manifestaron que eran sistemáticamente víctimas de hostigamiento, amenazas y, al menos en cuatro casos, agresiones físicas. El simple hecho de intentar presenciar la administración de justicia los puso en peligro.

Cuando el periodista Raymundo Perdigón Brito fue condenado por “peligrosidad” en diciembre de 2006, su familia asistió al juicio. Cuando la familia de Perdigón abandonó el tribunal en Sancti Spíritus, varios miembros de la “brigada de respuesta rápida” se aglomeraron alrededor de ellos, y los golpearon mientras la policía observaba, según relató su hermana.

En septiembre de 2008, Ramona Sánchez Ramírez, una defensora de derechos humanos, intentó asistir a la apelación de un par de disidentes en Guantánamo. Los disidentes, quienes habían proferido consignas en contra del gobierno en público, habían sido condenados por desacato. Sánchez dijo que, dado que las autoridades no la dejaban ingresar al juicio, se sumó a una manifestación pacífica fuera de la sede del tribunal, junto con disidentes y amigos del acusado. Sin que mediara ninguna advertencia ni provocación, un grupo de agentes de seguridad, funcionarios judiciales y miembros de una “brigada de respuesta rápida” agredieron a los manifestantes con palos y otras armas. Sánchez contó que los golpearon pese a que no opusieron resistencia.