Human Rights Watch

Actos públicos de repudio

Los actos de repudio son demostraciones públicas llevadas a cabo fuera de las viviendas de los disidentes.

Al igual que otros ataques, estos actos tienen por objeto humillar e intimidar
a personas que expresan disenso y, en reiteradas ocasiones, han dado lugar a hechos de violencia colectiva. Aunque supuestamente fueron planificados por civiles, las versiones de las víctimas sugieren que funcionarios del gobierno colaboraron con los “comités de defensa de la revolución” para llevar a cabo estos actos.

Los actos de repudio pueden durar desde varias horas hasta un día entero. De acuerdo con las víctimas, las tácticas de los participantes incluyen proferir insultos y amenazas verbales golpear cacerolas para hacer ruido, arrojar piedras contra las casas y pintar los frentes con mensajes insultantes, irrumpir en las viviendas en forma ilegal y agredir físicamente a sus habitantes.

Si bien supuestamente estos actos son llevados a cabo por vecinos, todas las víctimas de los actos de repudio aportan pruebas que sugieren que son obra del gobierno. Muchos señalaron que los participantes fueron transportados a sus hogares en vehículos de propiedad del estado, como camiones militares o autobuses públicos.

Las víctimas también manifestaron que nunca habían visto a los participantes, quienes, por lo tanto, no tenían forma de conocer sus actividades, ni mucho menos motivos para denunciarlos. Además, las víctimas dijeron que observaron que algunos participantes vestían uniformes de fajina militar u otros uniformes del gobierno, lo cual sugería que trabajaban para el estado.

Roberto Marrero la Rosa, defensor de derechos humanos de Camagüey, dijo que él y su familia habían sido blanco de tres actos de repudio en los últimos años.

Manifestó que los agitadores, quienes se transportaron en autobús desde otros vecindarios, arrojaron piedras contra su vivienda, gritaron insultos durante horas y lo llamaron “mercenario” de Estados Unidos y “gusano”.

Los actos reiterados eran tan atemorizantes que la hija de Marrero la Rosa decidió mudarse junto con su hijo a otro lugar. Marco Antonio Lima Dalmau dijo que, cuando él y su familia intentaron abandonar su hogar en Holguín durante uno de estos actos de repudio en 2008, un grupo de personas los golpearon violentamente.

No obstante, a pesar de las violaciones de derechos que representan dichos actos de repudio, ninguna de las ocho víctimas dijo que la policía había intervenido para protegerlos.

Asimismo, tampoco se detuvo a ninguna de las personas que participaron en dichos actos, pese a que violaron la ley, al ingresar ilegalmente en las casas o atacar a los residentes, y su comportamiento claramente había “producido alarma”301, una de las amplias categorías en virtud de las cuales las autoridades cubanas deben detener a las personas.

Amenazas y advertencias

Además de la amenaza implícita impuesta por un sistema legal diseñado para penalizar el disenso, el gobierno amenaza explícitamente a los disidentes con la posibilidad de prisión, violencia física y otros castigos. En los casos de “peligrosidad”, estas amenazas están contempladas en la misma ley. El Código Penal establece que las personas involucradas en una “conducta antisocial” deben recibir advertencias oficiales mediante las cuales se les informa acerca de su “peligrosidad”.

El propósito de estas advertencias es generar un cambio de comportamiento “en prevención de que se incurra en actividades socialmente peligrosas”. En el caso de los disidentes, las advertencias indican que serán encarcelados inmediatamente si no abandonan las actividades “contrarrevolucionarias”.

Marco Antonio Lima Dalmau, un disidente de Holguín, dijo que había recibido más de una docena de advertencias oficiales por “peligrosidad” desde el 2007, todas ellas por haber participado en actividades pacíficas, como manifestaciones, y sabía que podrían arrestarlo en cualquier momento. Gabriel Díaz Sánchez, defensor de derechos humanos en Bayamo, le contó a Human Rights Watch que agentes de seguridad se presentaron en su hogar varias veces para advertirles a sus familiares que lo acusarían de “peligrosidad” si no abandonaba sus actividades.

Los disidentes informaron a Human Rights Watch que también recibieron advertencias por estar desempleados, lo cual se considera una forma de “conducta antisocial”. Tal como se analizó anteriormente, a los disidentes se les niega el empleo en forma sistemática a causa de sus opiniones políticas y luego se los acusa de “peligrosidad” por estar desempleados.

Por ejemplo, Enyor Díaz Allen, un disidente en Guantánamo, dijo que recibió tres advertencias oficiales de enero a marzo de 2009 por estar desempleado. La segunda vez, dijo, un capitán de policía le advirtió que si no conseguía trabajo, se lo acusaría de “peligrosidad” y se lo enviaría a prisión por cuatro años.

El periodista Juan Carlos Hernández, quien dijo que había recibido alrededor de 15 citaciones y advertencias desde 2005, sostuvo que:

[Cuando se les antoja] te hacen una [advertencia oficial]. O sea, eso es un mecanismo que ellos tienen para que en determinado momento, por esa cantidad de advertencias, ellos digan “Ya no te advertimos más, ya te lo hemos dicho varias veces, ahora sí vamos a cumplir”. Y te sacan de circulación por lo menos cuatro años. Así es como funciona.

Las advertencias oficiales no son la única manera en que se intimida a los disidentes.

En algunos casos, los funcionarios del gobierno y los grupos de ciudadanos vinculados con el estado amenazan a los disidentes con agresiones, violaciones sexuales, e incluso la muerte.

Rufina Velásquez González dijo que, cuando intentaba caminar con sus padres —Ramón y Bárbara— de Santiago a La Habana en 2007, para generar conciencia acerca de las violaciones de derechos humanos y los presos políticos, su familia se enfrentó en Holguín y Camagüey con “brigadas de respuesta rápida”.

Los miembros de la brigada los amenazaron con bates de madera, piedras y barras de metal envueltas en periódicos, y les dijeron que los golpearían si no regresaban.

A Rufina Velásquez y a su madre las amenazaron con violarlas, y las llamaron “putas” y “rameras”. Los agentes de seguridad que estuvieron presentes en varias de estas confrontaciones no intervinieron para frenar o desarmar a los miembros de la brigada.

Cuatro disidentes manifestaron que funcionarios del gobierno amenazaron expresamente con matarlos por sus opiniones políticas. Alexander Santos Hernández dijo que un mayor de la policía le dijo que la próxima vez que lo viera en su motocicleta, lo atropellaría con el automóvil. El agente dijo que utilizaría sus conexiones dentro del gobierno para esconder las pruebas del asesinato.

Tres disidentes que relataron a Human Rights Watch que recibían constantemente amenazas de que serían encarcelados finalmente fueron detenidos y condenados luego de comunicarse con nosotros. Juan Luís Rodríguez Desdín, Rodolfo Bartelemí Coba y Enyor Díaz Allen fueron encarcelados meses después de hablar con Human Rights Watch. Rodolfo Bartelemí Coba, defensor de derechos humanos, le contó a Human Rights Watch en marzo de 2009 que había recibido seis advertencias oficiales por “peligrosidad” el año anterior. La más reciente se debía a que había intentado asistir a una reunión en Guantánamo del Comité ciudadano contra los malos tratos, un grupo no oficial que se reúne para compartir información sobre las violaciones de derechos humanos en la región.

Durante su entrevista, dijo que tenía miedo de que lo arrestaran en cualquier momento. Diezdías después, fue detenido y encarcelado para cumplir una condena del año 1994, por la cual se le había otorgado la libertad condicional algunos años antes.

Juan Luís Rodríguez Desdín —un ex preso político que había cumplido una condena de dos años por “peligrosidad”— relató a Human Rights Watch en marzo de 2009 que había recibido amenazas por parte de las autoridades en varias ocasiones. A pesar de las advertencias, Rodríguez no abandonó su trabajo a favor de los derechos humanos.

En mayo de 2009, fue arrestado y condenado a dos años más en prisión por “desorden público”.

Dado que, a menudo, luego de dichas advertencias y amenazas el encarcelamiento y los ataques se concretan efectivamente, representan una fuente de intimidación y temor significativos en la comunidad de disidentes, y contribuyen a generar un clima en el cual los disidentes temen ser agredidos o detenidos en cualquier momento.

Vigilancia invasiva

Los disidentes y no disidentes de quienes se sospecha que tienen tendencias “contrarrevolucionarias” están sujetos a varias formas de vigilancia constante por parte del gobierno y los grupos de civiles vinculados con el gobierno. El gobierno utiliza varios métodos para monitorear las actividades y comunicaciones de los disidentes, como por ejemplo intervenir los teléfonos y las cuentas de correo electrónico; colocar dispositivos de escucha escondidos; observar, fotografiar y filmar reuniones de grupos de la sociedad civil; allanar las viviendas clandestinamente y asignar agentes de seguridad que vigilan cada uno de sus movimientos.

La vigilancia está a cargo de agentes de seguridad y grupos de civiles vinculados con el gobierno, quienes pueden trabajar juntos o en forma independiente. Decenas de disidentes manifestaron que los agentes de seguridad estaban permanentemente ubicados fuera de sus viviendas y los seguían a todas partes; mientras que los “comités de defensa de la revolución” —grupos de civiles que se encuentran en cada vecindario y cuya función es proteger la revolución contra todo tipo de amenazas— vigilaban constantemente a sus vecinos para detectar comportamientos sospechosos y denunciarlos ante los agentes de seguridad del estado.

Los disidentes dijeron que una vez que los “marcaban” como sospechosos, eran constantemente vigilados por estos grupos. La disidente Rufina Velásquez González dijo que, cuando viajaba de su hogar a Las Tunas para asistir a reuniones de grupos no oficiales que buscaban alternativas al gobierno:

El Estado siempre estaba persiguiéndome por donde yo viajaba. Ellos sabían en las casas en las que yo estaba. Eso lo hace sentir a uno como vigilado. Yo llegaba a una estación a reservar un pasaje para acudir a otra provincia y ellos me decían que la Seguridad del Estado había estado preguntando por mí, que yo qué había hecho, que adónde iba.

Roberto Marrero la Rosa dijo que de las ocho viviendas ubicadas en su calle en Camagüey, seis estaban habitadas por personas que tenían cargos oficiales en el CDR, desde el presidente hasta el jefe de propaganda, y que todos monitoreaban su comportamiento.

Rodolfo Bartelemí Coba, un defensor de derechos humanos en Guantánamo, afirmó que lo seguían cada vez que salía de su vivienda.

El gobierno de Cuba también ha utilizado informantes que se hacen pasar por disidentes para espiar las actividades de los grupos no oficiales que critican al estado.

En los juicios contra los 75 disidentes en 2003, los fiscales se basaron en el testimonio de infiltrados que se habían hecho pasar por opositores del gobierno para dar testimonio de las actividades contrarrevolucionarias de sus ex colegas.

Muchos de los informantes habían estado trabajando en forma clandestina junto con los disidentes durante décadas y se habían ganado su máxima confianza. En los juicios contra diez disidentes llevados a cabo en abril de 2004, un hombre que hasta ese momento se hacía pasar por periodista confesó ser un agente del gobierno y declaró en contra de otros activistas políticos no violentos.

Denegación de empleo y dificultades económicas

La Constitución de Cuba le otorga al gobierno la facultad de organizar, gestionar y controlar toda la actividad económica, y de ubicar a los trabajadores de acuerdo con “las exigencias de la economía y la sociedad”.

El estado dirige prácticamente todas las fuentes de empleo, la afiliación al único sindicato oficial —la Central de Trabajadores de Cuba o CTC— y el acceso a los programas de capacitación para trabajadores.

Los funcionarios del gobierno recurren habitualmente a este control para negar empleos a aquellas personas que no comparten sus posturas ideológicas. Varios disidentes de toda Cuba comentaron que era difícil conseguir trabajo sin afiliarse a la CTC, y que muchos no deseaban afiliarse debido a que se encuentra bajo el control directo del gobierno. Tanto disidentes como no disidentes también informaron a Human Rights Watch que los empleadores se comunicaban con los “comités de defensa de la revolución” y con la policía para verificar las opiniones políticas de los posibles empleados y su lealtad al gobierno antes de contratarlos.

Decenas de disidentes denunciaron haber sido despedidos a causa de sus opiniones o su participación en grupos de la sociedad civil no autorizados. Eduardo Pacheco Ortíz —un ex preso político que cumplió una condena de dos años por “peligrosidad” y monitorea los derechos humanos en Matanzas— dijo que, desde su liberación en agosto de 2008, lo han despedido de un trabajo tras otro. Afirmó que cada vez que los empleadores se enteraban de sus opiniones políticas, lo despedían.

Víctor Yunier Fernández Martínez —quien también había sido condenado en razón de su “peligrosidad” por pertenecer a un grupo político no autorizado en La Habana y fue liberado en febrero de 2009— señaló que lo habían despedido de dos trabajos como mecánico de automóviles porque lo consideraban “contrarrevolucionario”.

Fernández dijo que, cuando lo despidieron del segundo trabajo, su jefe le dijo que no tenía opción: emplear a un miembro de la “oposición” le generaba problemas a su negocio. Desde ese momento, afirmó Fernández, ha sido rechazado para varios puestos, y los empleadores le dicen expresamente que no lo contratan por motivos políticos.

Los disidentes afirmaron que la negación del empleo somete a sus familias a profundos padecimientos económicos. Fernández dijo que, sin un trabajo, debía recurrir a la ayuda de toda su familia para comer. Gertrudis Ojeda Suave —una ex activista política encarcelada por su “peligrosidad” y madre soltera de tres hijos— dijo que no puede conseguir trabajo dado que ha sido catalogada como disidente. Cuando se postuló para un trabajo de limpieza de pisos en un hospital estatal, le dijeron que no era fiable por sus opiniones políticas. Sin una fuente regular de ingresos, dijo, es común que sus hijos vayan a dormir sin haber cenado.

Como se expuso anteriormente, el gobierno utiliza con frecuencia el desempleo como
justificación para condenar a los disidentes en virtud de la disposición de “peligrosidad” social, lo cual hace que la negación del trabajo, además de perjudicar a las familias, sea también peligrosa.

Multas

Además de incluir, en la práctica, a los disidentes en listas negras, el gobierno les impone mayores dificultades económicas al aplicar multas de alto valor. Los disidentes dijeron que les aplicaron multas por ejercer derechos civiles y políticos básicos, y por establecer pequeños emprendimientos por cuenta propia, sin autorización del gobierno.

El Código Penal de Cuba prevé diversas multas para violaciones específicas de la ley, y otorga a los jueces una amplia discreción para establecer el monto.321 La ley cubana establece que, al determinar el monto, los jueces deben tener en cuenta el salario que percibe el infractor, “cuidando de no afectar, en cuanto sea posible, la parte de sus recursos destinados a atender sus propias necesidades y las necesidades de las personas a su abrigo”.

Según la ley, aquellas personas que no pueden pagar las multas deben ser encarceladas durante un plazo que les permita cancelar su deuda.

Sin embargo, las multas asignadas a los disidentes suelen ser tan cuantiosas que, cuando las pagan, luego tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. René Velásquez Gonzáles dijo que le aplicaron una multa de 750 pesos por vender pizza y refrescos sin permiso en Las Tunas, lo cual equivale al doble de su salario mensual. Dijo que necesitaba tres trabajos para pagar la multa en tiempo y forma y evitar ir a prisión, y sólo le quedaban unas pocas horas para dormir de noche.

Ramon Sánchez Ramírez dijo que, tras los huracanes de 2008, varios disidentes en Guantánamo fueron condenados por acaparamiento, debido a tenían en su poder alimentos básicos, como tomates o repollo.

Afirmó que les aplicaron una multa de entre 500 y 3.000 pesos; esta última cantidad equivale al salario de casi un año.

Represalias contra familias

El gobierno de Cuba castiga a familias enteras por las actividades de oposición de uno de sus miembros. Los familiares de los presos políticos y los disidentes se enfrentan a amenazas, pérdida del trabajo, denegación de servicios sociales básicos y humillación pública, entre otras formas de discriminación y abuso.

Poco tiempo después de que su esposo fuera encarcelado en 2003 por trabajar como periodista independiente, Rebeca Rodríguez Souto fue expulsada de un centro educativo para adultos en el cual había estado tomando clases. Cuando le preguntó el motivo a unas de las autoridades de la escuela, esta le respondió que funcionarios del gobierno habían ordenado que fuera expulsada por ser la esposa de un “mercenario” y porque tenía “ideas contrarias al gobierno”.

Rodríguez dijo que nunca había expresado sus opiniones políticas en la escuela.

Algunos disidentes en Sancti Spíritus, Matanzas, Guantánamo y Holguín dijeron que sus hijos habían sido expulsados de la escuela o habían sufrido humillaciones por parte de sus maestros a causa de las actividades u opiniones políticas de sus padres. Según Eduardo Pacheco Ortíz, a su hija la echaron de la escuela sin explicación alguna luego de que lo encarcelaran por “peligrosidad” en 2008.

Ramona Sánchez Ramírez contó que a su hija le prohibieron continuar con sus estudios universitarios y un maestro se burló de su nieto frente a todos sus compañeros como resultado del trabajo de Sánchez a favor de los derechos humanos.

Decenas de familiares de presos políticos y disidentes dijeron que los habían despedido de sus trabajos o les habían negado empleo a causa de su relación con personas consideradas “contrarrevolucionarias”. Luego de que el disidente Yordis García Fournier fuera condenado por desacato en septiembre de 2008, tres de sus hermanos fueron despedidos de su trabajo. A dos de ellos les dijeron explícitamente que los estaban castigando por su relación con un preso político.

Como se menciona en otra sección de este informe, la pérdida del ingreso somete a las familias a profundos padecimientos económicos, y expone a las personas desempleadas a la posibilidad de que se las acuse de “peligrosidad”.

Restricciones para viajar

El gobierno de Cuba también discrimina a los disidentes al otorgar visas de viaje. El gobierno de Cuba prohíbe a sus ciudadanos tanto salir de Cuba como regresar al país sin obtener antes un permiso oficial. Viajar sin autorización puede dar lugar a un proceso penal.

Como Human Rights Watch concluyó en su informe, Familias deshechas: El costo humano de las restricciones de Estados Unidos y Cuba para viajar, estas restricciones proporcionan al gobierno cubano una poderosa herramienta para castigar a los desertores y silenciar a los críticos.

En mayo de 2008, Yoani Sánchez, autora de un blog, recibió un premio periodístico otorgado en España. Si bien el gobierno emitió inicialmente una visa de salida para Sánchez, antes de la fecha en que estaba programada su partida el trámite de su visa fue paralizado sin ningún tipo de explicación, por lo cual no pudo recibir el premio en persona.

En octubre de 2009, volvieron a negarle autorización para salir del país para recibir otro premio que le había concedido la Universidad de Columbia, en Nueva York.

En febrero de 2008, cuatro presos políticos que habían sido detenidos en el marco de la ola represiva de 2003 fueron liberados con la condición de que viajaran inmediatamente a España. Pedro Pablo Álvarez Ramos —uno de los cuatro presos liberados— afirmó que les dijeron expresamente que, a cambio de su libertad, no se les permitiría regresar jamás a Cuba.

El 21 de noviembre de 2008, y por segundo año consecutivo, se denegó al cantante de rap Bian Oscar Rodríguez Galá —miembro del grupo los Aldeanos, cuyas letras han criticado abiertamente al gobierno de Castro— la autorización para salir de Cuba con el fin de participar en una competencia internacional de música, organizada anualmente. El pedido de visa de salida de Rodríguez, quien se había clasificado luego de ganar una competencia de rap en Cuba, fue denegado pese a haber presentado todos los documentos necesarios.

A Juan Juan Almeida García se le ha denegado el derecho a salir de Cuba para recibir
tratamiento médico por una enfermedad degenerativa poco común desde 2003.

Almeida, de 44 años, quien sufre de espondilitis anquilosante, había sido autorizado a viajar a Bélgica en los años noventa para recibir tratamiento, el cual no estaba disponible en Cuba.

Ha solicitado varias veces al año que se le permita salir de Cuba para recibir tratamiento médico en el extranjero, pero todas sus solicitudes han sido denegadas sin explicación.

Durante su visita más reciente a una oficina de inmigración, un agente le dijo que la negación de la autorización, en su caso, provenía del “alto mando” del gobierno.

Según contó la hija de Almeida a Human Rights Watch, como resultado de no haber recibido tratamiento durante más de seis años, su salud se ha deteriorado considerablemente. Se ve forzado a dormir sentado en una silla, ya que el dolor en las articulaciones y en los huesos le impide dormir acostado, y no puede caminar sin ayuda. Su hija gestionó un tratamiento médico gratuito en agosto de 2009 en California, pero volvieron a negarle a Almeida la visa de salida.

El gobierno también ha adoptado fuertes medidas para impedir el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba, a través de una aplicación más enérgica de la ley de 1997, conocida como Decreto 217.

Este decreto, cuyo propósito es limitar la migración a La Habana, exige a los cubanos obtener autorización del gobierno para mudarse a la capital del país.337 Según un funcionario cubano, se produjeron aproximadamente 20.000 casos de expulsión forzada de personas de La Habana por la policía desde 2006 hasta agosto de 2008.338 Los disidentes dijeron que eran detenidos arbitrariamente o se les prohibía salir de su provincia de origen, en especial en los períodos previos a la celebración de encuentros de grupos de la sociedad civil no autorizados, de los cuales el gobierno desconfía.