Por Vicente Echerri

El epígrafe que encabeza la sección de este diario donde han ido apareciendo artículos acerca de Fulgencio Batista y su época —"60 años sin democracia"— ya es de suyo tendencioso, pues obliga a aceptar que el 10 de marzo de 1952 se quebró en Cuba el proceso democrático para inaugurar una época que, sin solución de continuidad, llega hasta la fecha. Esa premisa falsa —puesto que no puede sostenerse en los hechos— sirve para reafirmar un lugar común del análisis sobre la historia contemporánea de Cuba: que el régimen castrista es una consecuencia necesaria de la situación política que le antecedió, lo cual de paso responsabiliza a Batista del colapso de la república y de todo lo que vino después.

Sin ánimo de disculpar a nadie —todos los protagonistas de la historia tienen su cuota de responsabilidad—, el golpe de Estado del 10 de marzo, que interrumpió el orden constitucional, no significó un quiebre dramático de la democracia cubana, si por democracia entendemos no sólo un sistema electoral, sino también un repertorio de derechos y libertades. El golpe de Estado usurpó las funciones ejecutivas y legislativas al inaugurar un gobierno de facto, pero dejó intacto el poder judicial, que en Cuba gozaba de gran prestigio e independencia, y no afectó, salvo por cortos períodos de censura, la libertad de prensa, ni la libertad de reunión y asociación, ni disolvió los partidos políticos que siguieron existiendo como entidades autónomas, ni lesionó, desde luego, los derechos económicos de la ciudadanía.

Aunque en 1952 Batista no gozaba de la popularidad que había llegado a tener en los años 30 y 40 (incluso la que aún tenía cuando fue electo senador por Las Villas en 1948 encontrándose ausente del territorio nacional), el golpe fue recibido por la opinión pública sin mayor oposición, al extremo de que algunos brotes de resistencia (como el que intentó organizar Rolando Masferrer en la Universidad de La Habana) no encontraron respaldo, al menos en ese momento. Los jóvenes con inquietudes o aspiraciones políticas, vinculados a un partido en ascenso, como era el Partido del Pueblo Cubano (al que las encuestas daban por ganador en los comicios de junio de ese año) es lógico que se sintieran frustrados y estafados (como fue el caso de Fidel Castro), pero fueron más las personas que miraron con alivio que un nuevo orden viniera a ponerle fin a la inseguridad pública que se había vivido bajo los gobiernos "auténticos" y a la impunidad que en ellos llegó a disfrutar el gangsterismo y la corrupción. La banca, así como las empresas agrícolas, industriales y mercantiles, le dieron un voto de confianza a Batista por creer que se inauguraba un régimen que traería consigo la estabilidad que el medro siempre necesita.

Así comienza lo que podría llamarse la "dictadura" de Fulgencio Batista, un período que se extiende hasta las elecciones del 1 de noviembre de 1954 o, si se quiere, hasta la toma de posesión del nuevo gobierno el 24 de febrero de 1955, cuando el Congreso, que había sido disuelto el 10 de marzo, reanuda sus funciones y, en consecuencia, deja de existir el Consejo Consultivo (que había fungido como una suerte de poder legislativo desde abril de 1952), del mismo modo que quedan sin efecto los Estatutos Constitucionales para que la Constitución de 1940 vuelva a entrar en vigor.

No es cierto, pues, que la Constitución cubana se quedara en un limbo legal de 1952 a 1959, ni que la revolución castrista se hiciera para reponerla. En los últimos cuatro años del gobierno de Batista la Constitución tuvo plena vigencia, aunque los comicios en que Batista saliera electo en 1954 hayan estado afectados por un cierto nivel de fraude, no mucho mayor que el de algunos otros que le habían antecedido, ni muy diferente de lo que ocurría, y todavía ocurre, en América Latina y en otros países del tercer mundo. (Por ejemplo, la llamada "brava electoral" de Mario García Menocal en las elecciones de 1916, por la cual retuvo la presidencia otro cuatrienio y que diera lugar a la revolución de La Chambelona; o la "prórroga de poderes" con que Gerardo Machado extendió su magistratura fueron expedientes mucho más escandalosos que las elecciones con que Batista quiso legitimar su mandato en 1954).

Tampoco a estas elecciones de 1954 Batista concurrió sin oposición. Aunque el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) y el Partido Socialista Popular (comunista) no participaron de la consulta pública y se dedicaron más bien a boicotearla, y otros partidos tradicionales —como el Liberal— integraban la coalición gubernamental, el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), que era todavía inmensamente popular, sí concurrió, llevando como candidato presidencial al ex presidente Ramón Grau San Martín.

Éste, aduciendo falta de confianza en la limpieza de las elecciones, fue al retraimiento dos días antes de celebrarse éstas, sin tiempo para que su nombre y el de su partido no aparecieran en las boletas y, en consecuencia, muchos candidatos del autenticismo salieron electos en distintas instancias del gobierno y la mayoría de ellos tomó posesión de sus cargos. De los 18 escaños reservados en el Senado a la minoría (de una totalidad de 59) casi todos, si no todos, fueron a manos de los candidatos auténticos. Nombres de políticos tan reconocidos como Manuel Benítez, Francisco Grau Alcina, Miguel Suárez Fernández, Eduardo Suárez Rivas, Arturo Hernández Tellaheche y Julio Tarafa serían senadores de la oposición en ese Congreso que también contaría, entre los representantes a la Cámara, a connotados oposicionistas, como los líderes sindicales Conrado Béquer y Conrado Rodríguez (que años después protagonizaron una huelga de hambre en el propio Capitolio nacional) y al conocido comentarista radial Juan Amador Rodríguez.

Pese a la renuencia de la extrema izquierda, representada sobre todo por los ortodoxos, de reconocer la legitimidad del gobierno que se instauraba, algunos de sus líderes y portavoces más destacados (José Pardo Llada, Manuel Bisbe, Aramís Taboada) entre otras personalidades firmaron una carta abierta al Congreso, el mismo día de su inauguración, en la que pedían la excarcelación de los presos políticos que, en ese momento, casi se limitaban a los asaltantes del cuartel Moncada. Este documento (que también incluía entre sus signatarios a Cosme de la Torriente y a Jorge Mañach) venía a ser un reconocimiento tácito de la legitimidad que estos mismos señores le negaban al régimen. Fue ese congreso el que promulgó el indulto de Castro y su cuadrilla en mayo de 1955, indulto que Batista no tardó en ratificar.

Sin embargo, el elemento revolucionario —que en Cuba ha sido peor que cualquier otra ideología— se negó a funcionar dentro del marco legal que le permitía la constitución vigente (un marco del cual haría uso Carlos Márquez Sterling, con un gran sentido patriótico, en las elecciones de 1958). Los revolucionarios —tanto de la vertiente castrista, como de la ortodoxa, de los auténticos financiados por el ex presidente Carlos Prío desde el exilio, como de los radicales de la Federación Estudiantil Universitaria, a los que lideraba ese exaltado que fue José Antonio Echevarría— se propusieron derribar al gobierno por la fuerza. El resultado fue una guerra civil en que el régimen cayó en la trampa que le tendieron los revolucionarios: la de responder al terror con el terror. En reacción a los sabotajes y acciones subversivas (llevadas a cabo sobre todo por el Movimiento 26 de julio, luego del desembarco de Castro en Oriente), Batista le dio rienda suelta a sus matones que, como siempre ocurre, ayudarían a robustecer el fervor revolucionario, a aumentar la sensación de inestabilidad y a desacreditar totalmente a un gobierno que, por otra parte, podía exhibir una larga lista de méritos.

No obstante, es una fabricación llamarle al gobierno de Batista, incluso en su última etapa, una tiranía. De haberlo sido, Fidel Castro nunca habría llegado al poder ni el foco revolucionario habría prosperado con tanta facilidad. Las tiranías, como hemos visto muy bien después, operan de otra manera y tienen mucha mayor eficacia en la erradicación de sus enemigos. Tampoco podría catalogarse con toda propiedad de "dictadura" a partir de 1955, cuando el régimen usurpador del 10 de marzo del 52 se aviene a un marco constitucional, aunque la consulta pública a través de la cual reingresamos en la democracia estuviera marcada de irregularidades. Creo que los cubanos vivimos ese último período de Batista (1955-1959) en una democracia precaria, afectada por la corrupción y la violencia (violencia que se generaba en la actividad revolucionaria y a la que el gobierno respondía con gruesos desmanes), pero democracia al fin y al cabo, no peor de lo que han sido, por ejemplo, algunos gobiernos colombianos de las últimas décadas, cuya legitimidad nadie ha puesto en duda, pese a haber estado minados por el narcotráfico, el soborno político y las ejecuciones extrajudiciales.

El gobierno de Batista, con todos sus defectos, no tendría —necesariamente— que haber sido derrocado por una acción revolucionaria, ni dar paso a la tiranía más larga que haya habido en suelo americano, de no haber sido por la inmadurez de nuestra clase política y por la exaltación del ideal revolucionario que inculcó en la psique de por lo menos dos generaciones de cubanos antes de 1959 la fe en un recurso de violencia que superaba —por valor, por honestidad, por incorruptible celeridad— los lentos y tortuosos métodos de la democracia. El triste resultado salta a la vista.

Batista era —con corrupción y matones— mil veces preferible a todo lo que vino después. Comparar ambos regímenes en la vida de nuestra república es como comparar un resfriado y un cáncer, la diferencia que puede haber entre un mal transitorio de un organismo sano y una incurable enfermedad. Si los cubanos hubieran creído en la democracia y en sus instrumentos, Castro nunca habría llegado al poder, y de Batista —que sólo adelantó unas semanas su salida (se habría ido de todos modos el 24 de febrero de 1959 cuando Andrés Rivero Agüero hubiera tomado posesión)— hoy pocos se acordarían. Después de él habríamos tenido no menos de una decena de presidentes y, con todas las flaquezas de nuestra democracia, habríamos avanzado mucho en todos los órdenes.

La inmortalidad de Batista —y que a más de medio siglo de concluido su paso por el poder aún lo discutamos con tanta vigencia y pasión depende tan sólo de la parálisis que trajo a la vida cubana la revolución castrista. Cuando yo era niño, en esa década del 50 que, pese a todo, fue próspera y feliz, nadie, ni los más viejos, discutía con pasión los gobiernos de Tomás Estrada Palma o José Miguel Gómez. Cincuenta años después, y pese a sus controvertidas gestiones, ya pertenecían por entero a la historia.