Por Lázaro González Valdés
ex prisionero de conciencia

Reconciliarse con el criminal no es administrar justicia sino establecer un antecedente de arbitrariedad dejando impune al causante del perjuicio, al tiempo que se priva a la víctima del derecho a que se aplique las ley y se haga cumplir la pena que, con humanidad, debe dictarse según la naturaleza del acto criminal cometido y en consonancia con las normas y procedimientos jurídicos vigentes.

Por ejemplo, sería inaceptable legal y éticamente que se dicte como condena que los familiares de un asesinado tienen que reconciliarse con quien lo mató. Tal medida sería injusta porque no se administraría justicia pero también sería perjudicial para la sociedad porque, al no haber castigo para ese tipo de acto, estimularía a la acción a cuanto asesino potencial resida en esa jurisdicción a la cual de seguro en breve se irían a residir homicidas de todo el orbe en busca del imperio de la impunidad.

Si aplicamos el anterior razonamiento a la propuesta de “reconciliación nacional” que algunos disidentes plantean como fórmula para resolver el conflicto entre el grupo político que detenta el poder en Cuba y sus víctimas, podemos concluir que esa proposición es inaceptable ética y legalmente porque en más de 45 años de opresión se ha confirmado que el partido comunista ha cometido miles de crímenes.

Ninguna solución para el pueblo cubano puede erigirse aboliendo el derecho de esas víctimas a que se le administre justicia. Ni los perjudicados sobrevivientes ni los familiares de las víctimas fallecidas tienen potestad para oponerse al imperio de la ley, porque nadie tiene derecho a instituir la arbitrariedad como base de la nueva república que necesita la sociedad cubana.

Podría ser irreversible el impacto negativo que recibiría la nación cubana si se aplica el Proyecto Varela u otras propuestas que plantean el “borrón y cuenta nueva” y la amnistía para funcionarios que han cometido delitos como robo de bienes muebles e inmuebles, asesinato político, destierro y juicios ilegales, encarcelamiento injusto, torturas mentales y físicas, entre otros.

No se puede negar que es seductor el discurso de los partidarios de las proposiciones fundadas en el perdón de los crímenes cometidos por miembros del partido comunista de Cuba (PCC), porque ¿a quién no le gustaría que los conflictos se solucionaran por el perdón y la reconciliación de las partes? Pero esto sólo es posible en el mundo de las especulaciones pues en la vida real se necesita de un sistema que norme, interprete, aplique esas normas y garantice su cumplimiento hasta por la fuerza si es preciso para preservar la dignidad humana.

No siempre lo ideal (en la acepción de “perfecto”) es lo posible o lo éticamente correcto. En el caso cubano quizás sea ideal perdonarle los crímenes a los comunistas para que estos accedan a compartir el poder con quienes están dispuestos a perdonarlos para -según ellos declaran- “;ir de la ley a la ley” y porque -como también ellos manifiestan- que; “cualquier cosa es preferible al estado actual”, tal vez hasta se den las circunstancias que posibiliten esa hipotética amnistía, pero dicho procedimiento sería adverso a las víctimas (que es la mayoría del pueblo si se considera que el PCC lo integra un millón y pico de cubanos) y también inútil para el establecimiento de un estado de derecho pues -como se dijo antes- es contrario a lla administración de justicia que requieren los perjudicados y también contrario a los preceptos de la moral.

Por tanto, la lente con que analizo este asunto me indica la vigencia del siguiente precepto de José Martí: “Los crímenes no aprovechan a la libertad, ni cuadran a estatuas blancas, manos rojas.”