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Por Ramón Espinosa
Fui testigo ocular de esa barbarie ocurrida en Línea y F (Vedado), protagonizada por agentes de la SE contra una mujer negra en estado de indefensión. Su desafío ante los abusos que acometían las fuerzas policiales contra manifestantes que reclamaban el restablecimiento de los servicios básicos, provocó la ira de quienes actúan con toda impunidad legal en el ejercicio de sus actividades represivas.
La legitimidad de la protesta social es un derecho que no solamente está reconocido en la Constitución de 2019, sino que en circunstancias de asfixia es el único recurso ciudadano para la exigencia de derechos vulnerados y el predominio de un escenario de carestía que dificulta la reproducción material de la vida.
La violencia de estado que ha tenido un incremento durante las últimas jornadas como resultado del aumento de la insatisfacción, debido a la persistente precariedad y agudización de la crisis, solo resulta entendible mediante el comportamiento de un estado que reproduce patrones de violencia machista, racista y patriarcal, además de mostrar evidencias de aporofobia y clasismo por parte de sus principales dirigentes al tachar de "vulgares e indecentes" a personas cuya situación social no le permite actuar de otra forma procedimental, como tipifica el accionar cotidiano de los sectores populares tan despreciados por las élites intelectuales y clases dominantes que ostentan la más alta jerarquía del poder político. Resulta irrisorio el predominio de este contexto, teniendo en cuenta que el discurso histórico revolucionario ha tenido a los humildes como el centro de su retórica y protagonismo.
La desacertada respuesta estatal ante la marginación que padecen los habitantes de los entornos empobrecidos, demuestra que no existe voluntad real para hallar las soluciones integrales que podrían conducir a paliar dichas problemáticas, solo viables en el marco de un proceso de profundización democrática, la instauración de un modelo participativo que promueva la prosperidad social e inclusiva de las mayorías en condiciones de igualdad ante el trabajo, como única garantía de evitar el predominio de la discriminación y la inequidad, mediante la promoción de la cooperación económica entre los seres humanos cuya eficiencia está científicamente demostrada, para lograr la felicidad colectiva de los sectores populares sin el predominio de la explotación extractiva capitalista en un modelo socializador del bienestar..
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