WILFREDO CANCIO ISLA

Una década después de abrirse a tímidas reformas de mercado, el gobierno cubano parece decidido a recortar todo indicio de liberalización económica y reinstalar en el país los controles centralizados en la actividad empresarial y la vida social.

La escalada de medidas restrictivas del último año apunta a que el régimen de Fidel Castro quiere recuperar el poder de decisión sobre las empresas cubanas asociadas con capital extranjero, limitar al mínimo los pequeños negocios privados y restringir la circulación del dólar.

Una vuelta a los años del ''socialismo real'' que implica un atrincheramiento en la economía dictado por las obsesiones anticapitalistas de Castro, según analistas.

Aunque a paso gradual, los intentos de cerrar las iniciativas independientes y descentralizadas son obvios, incluso mucho antes de la ''nueva fase'' de emergencia decretada tras las recomendaciones del presidente George W. Bush para acelerar una transición política en la isla.

En el sector estatal, el gobierno ha decidido tomar el mando de las exportaciones e importaciones que antes estaban en manos de empresas estatales. Por lo pronto el Ministerio del Comercio Exterior (MINCEX) está creando un grupo de comités que regularán las exportaciones en cada área.

''Esto significa que disminuirá la capacidad operativa de las empresas, y que la decisión última de compra o venta corresponderá ahora al MINCEX'', comentó una fuente del organismo.

Se está formando también un comité de compras para el mercado libre de impuestos (dutty free), luego que se decidiera cerrar las sucursales de las firmas extranjeras Provimar y Weinahuer, semanas atrás.

Los controles de comercialización irán hasta el detalle. El pasado 15 de marzo, la resolución 768 del MINCEX limitó de 43 a sólo 10 las empresas autorizadas a importar aparatos de vídeo, supuestamente ``para alcanzar mayor eficiencia en la utilización de los recursos financieros''.

Otra resolución ministerial del mismo día retiró el derecho a 61 empresas cubanas para importar computadoras o sus componentes.

Al mismo tiempo, las empresas que habían diversificado sus negocios para recaudar dólares se han visto obligadas a concentrarse en ''su actividad principal'', siguiendo pautas de una reciente circular del Ministerio de Economía y Planificación.

Desde el año pasado el Banco Central de Cuba le prohibió a esas empresas realizar sus transacciones domésticas en dólares, como venía ocurriendo regularmente.

Y para rematar, este año el Ministerio del Transporte les envió una circular a los directivos empresariales especificándoles qué tipo de automóviles deben usar. Los Toyota, Mitsubishi o Audi deberán ser entregados a los ministerios o a los servicios de protocolo del Estado.

''Estamos ante un proceso acelerado de recentralización, que tiene como propósito desmantelar la economía del dólar''. opinó el economista Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh. ``Es una decisión sin lógica económica, condicionada exclusivamente por la política''.

Mesa Lago consideró que la alternativa de ''reconcentración del poder'' está sustentada en cierta estabilidad de la economía cubana, apuntalada en los últimos tres años por el alza en los precios del níquel, el auge del turismo en la isla y la concesión de 53,000 barriles diarios de petróleo, gracias al mandatario venezolano Hugo Chávez.

El crecimiento económico de Cuba fue de 2.6 por ciento el año pasado. En el 2003, 1.9 millones de turistas visitaron el país dejando ingresos de $2,100 millones, y ya en el primer trimestre de este año el número de visitantes creció en un 13 por ciento.

''Los dirigentes cubanos sienten que ya ha pasado lo peor de la crisis y que ha llegado el momento de que el Estado retome un papel más central en la economía'', manifestó Phil Peters, vicepresidente del Lexington Institute, con sede en Virginia.

Pero el arsenal de controles gubernamentales se extiende más allá de los círculos empresariales.

A partir de octubre entrará en vigor la resolución 1½004 del Ministerio del Trabajo, la cual pondrá freno al trabajo por cuenta propia. Según el texto de la medida, se negará la renovación de las licencias a 40 oficios por considerar que la reanimación económica permite que ``un grupo de estas actividades sean asimiladas por diferentes órganos y organismos de la administración central del Estado''.

Otras medidas anunciadas por el gobierno son:

• Limitar la venta de automóviles en dólares a ciudadanos nacionales. Desde el 15 de marzo, quienes soliciten la compra de un carro en moneda libremente convertible, ''deberán haber obtenido esos ingresos como resultado del trabajo en tareas y funciones asignadas por el Estado o de interés de éste'', nunca por remesas o herencias. (Resolución 54/2004).

• Prohibir el acceso a la internet a ciudadanos nacionales desde teléfonos particulares que no son abonados en dólares, según la resolución 180/2003. A partir del 30 de junio cesarán todas las operaciones comerciales relacionadas con los servicios de acceso a la red que no cumplan la disposición.

• El Ministerio del Comercio Interior ha establecido normas estrictas para regular el funcionamiento del mercado de productos liberados, donde concurren empresas agropecuarias estatales y pequeños productores privados. La ministra Bárbara Castillo justificó las reglas como un mecanismo para evitar la bolsa negra y proteger al consumidor.

''Son medidas que crean incentivos perversos'', explicó Mesa Lago. ``El control político puede volver a disparar el mercado negro y aumentar la corrupción y el robo'.