Por Dimas Castellanos

Según datos preliminares la tormenta tropical Fay, y los huracanes Hanna, Gustav e Ike, derribaron o dañaron más de 500 mil viviendas, una de las grandes carencias de los cubanos. En cualquier análisis de esa tragedia de origen natural tiene que incluirse, obligatoriamente, la influencia de otros factores de orden social en tan gran desastre.

El problema habitacional antes de 1959

En la República, de 1902 a 1959, el Estado participó muy poco en la construcción directa de viviendas. La mayor responsabilidad recayó en los ciudadanos y en las empresas constructoras. La participación popular, aunque con determinadas limitaciones, era posible porque los precios tanto de las viviendas construidas como de los materiales para su construcción no superaban la relación costo-ingreso. Por ejemplo, en 1949 el costo de una vivienda de mampostería, placa, piso de mosaicos o de terrazo, con 2 cuartos, baño intercalado, sala, comedor, cocina, portal y patio alrededor, como las que -mediante la lotería nacional- sorteaba entre sus suscriptores la Revista Resumen, estaban evaluadas en 4 mil pesos.

En la década del 50 del pasado siglo –exceptuando algunas zonas de la capital del país– con 5-6 mil pesos se podía adquirir o construir, incluyendo el precio del solar, una vivienda con las características antes descritas. En pueblos como Bayamo o Guira de Melena, si la vivienda era de madera, techo de tejas, piso de cemento, 1 baño y 1 cuarto se podía alcanzar hasta con 1000 pesos. Con esos precios un trabajador que contara con un ingreso mensual entre 80 y 100 pesos, podía obtener una casa de madera aproximadamente con el salario de un año, y con el de seis años, una de mampostería. Hasta esa fecha, sin desconocer las carencias y dificultades de la época, el trabajador que decidía construir un inmueble contaba con diversas opciones de arrendamiento, compra y construcción. Las familias tenían la posibilidad de arrendar un apartamento, que en dependencia de la calidad, lugar de ubicación y tamaño, podían pagar con el 10% del salario (en algunos lugares de la capital y otras grandes ciudades podía ser mayor). Por ejemplo mis padres (tabaquero él y conserje de escuela ella) alquilaron en 1940 una casa pequeña en el municipio de Jiguaní, mi lugar de nacimiento; luego, alquilaron otra de mampostería en el centro del pueblo. En 1949 se trasladaron a la ciudad de Bayamo, donde compraron por 800 pesos una casa de madera, techo de zinc, dos cuartos, sala, comedor y un pequeño patio; luego rentaron otra, cerca del centro de la ciudad, por 20 pesos mensuales y a su vez, alquilaron la suya por 12 pesos.

También se podía construir mediante las instituciones crediticias para inmuebles. Por ejemplo Previsora Latinoamericana, con la garantía de que el interesado tuviera un salario de unos 100 pesos, brindaba el préstamo correspondiente para ser amortizado en un número de años, con un 20% de interés. Algunas como la FHA, que realizaba las operaciones bancarias con el Banco Pujol, construía viviendas para trabajadores y clase media en repartos residenciales como Fontanar, Alta Habana y Aldabó, a precios que dependían de las medidas y comodidades del inmueble. Otras muchas como Alfa, Compañía de Capitalización y Fomento, S.A. y la Compañía de Capitalización y Ahorro, S.A. hacían las mismas funciones con diferentes facilidades. Los que tenían mayor solvencia procedían directamente a la compra.

De tal forma que el Estado, con algunas excepciones, no participaba directamente en la construcción de viviendas, al punto de no existir una institución estatal especializada para esos fines. La solución del déficit debió enfrentarse después de 1959 mediante el perfeccionamiento de los mecanismos ya existentes y probados; no mediante su eliminación y sustitución por el Estado omnipotente, como se procedió.

El problema habitacional después de 1959

Desde el Estado, se crearon instituciones para la vivienda y se procedió a la “solución” del problema. En enero de 1959 se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda para emplear los fondos de la Lotería Nacional en la solución del mal; el 6 de marzo Fidel Castro planteó eximir de impuestos durante 10 años a todo el que construya una casa para vivirla él; cuatro días después se dictó la Ley sobre la rebaja de alquileres, para favorecer a los sectores de menores ingresos y en abril se aprobaba la Ley 218 sobre la venta forzada de solares yermos. En 1960 se creó la Dirección de Viviendas Campesinas para la construcción en zonas rurales y se aprobó la Ley de Reforma Urbana donde se reconocía la posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano. También se procedió a la elaboración de planes constructivos. Desde esa voluntad estatal, instituciones e instrumentos legales, comenzó lo que en el argot revolucionario se designó como “batalla por la vivienda”, cuyo fin era satisfacer un crecimiento demográfico que demandaba decenas de miles de viviendas anuales.

El primer plan (1960-1970) consistió en la construcción de 32 mil apartamentos anuales, pero el promedio alcanzado no rebasó las 11 mil. La incapacidad estatal para enfrentar por sí sólo el complejo problema, condujo a la idea de la “participación popular”. Con ese fin se decidió involucrar a los ciudadanos necesitados. En 1971 se crearon las microbrigadas –pequeñas unidades integradas por 33 trabajadores de empresas estatales, que pasaban permanentemente a construir un edificio y seguían cobrando sus salarios por el centro de trabajo–. Las viviendas terminadas, propiedad del Estado, se entregaban en usufructo a los seleccionados de acuerdo a sus méritos y necesidades. Con ese concepto se emprendió el segundo plan (1971-1980), elevado ahora a 38 mil viviendas por año, sin embargo, el promedio alcanzado no superó las 17 mil.

Ante el fracaso, el creciente déficit y el crecimiento de la población, se elaboró el tercer plan para construir 100 mil viviendas anuales a partir de 1981, pero la tozuda realidad no permitió sobrepasar la cifra de algo más de 40 mil por año. Posteriormente, a partir de 1995, momento en que se logró edificar más de 40 mil, la cifra comenzó a descender año por año hasta que en el 2005 se llegó al punto más bajo: 7 300 casas en los primeros siete meses.

En ese momento crítico se anunció el cuarto plan. Un informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros a la Asamblea Nacional del Poder Popular, anunciaba que, debido al “mejoramiento de las posibilidades financieras del país” se iban a “construir y terminar no menos de 100 mil viviendas nuevas por año a partir del 2006” (segundo plan de 100 mil) y el concepto de la microbrigrada fue sustituido por el trabajo de la familia que habitaría el inmueble. Así, el precepto legal de que no haya familia sin una vivienda se sustituyó, al margen y contrario a la ley, por un principio ideológico y excluyente: aunque se trate de una familia sin vivienda, se requiere de una “destacada conducta social y revolucionaria”.

Como consecuencia de esa definición, las personas que no asistían a las marchas combatientes, aunque fueran honestas, trabajadoras y modelo de familia, al no calificar como revolucionarias, quedan excluidas del maravilloso plan. Resulta que los sectores más marginados, entre los que se encuentran una mayoría de negros, que por su condición social no son los más propensos a participar en las actividades que dan el crédito de “revolucionarios”, lo que al aumentar su marginalidad, se reproduce el pernicioso ciclo de discriminación que se originó en la colonia.

De todas formas el “novedoso” plan se volvió a incumplir en el 2006. Entonces las autoridades optaron por una forma más “viable”: bajar la altura de la varilla. Así la ansiada meta de100 mil se redujo a algo más de 70 mil para el año 2007, el cual también fue incumplido, por lo que se decidió hacerlo “más viable todavía” y para el 2008 se bajó otra vez la varilla hasta 50 mil; plan que amenazaba una vez más con incumplirse; pues el 31 de mayo de ese año, en la segunda jornada de trabajo de la Comisión de Industria y las Construcciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Víctor Ramírez Ruiz, presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, explicó que en los primeros cuatro meses se terminaron 13 981 viviendas, que representaban el 28 por ciento del total que deberá ejecutarse.

En esa desfavorable situación, Fay, Hanna, Gustav e Ike, al dañar más de 500 mil viviendas, han dejado a miles de familias ante un Estado que ya no tiene respuesta para esa magnitud de la tragedia. Como Cuba está afectada por una crisis estructural, el daño en la vivienda, como elemento del sistema, afectará a toda la estructura. Eso se está reflejando en ausencias al trabajo, en mayor desesperanza, en manifestaciones de inconformidad y en un mayor descreimiento, todo lo cual profundizará la crisis existente.

¿Por qué fracasaron los planes constructivos?

Antes de la revolución el déficit acumulado tenía entre sus causas la cantidad de familias con ingresos bajos y la poca participación directa del Estado en la construcción de viviendas. Después de la revolución, el fracaso del primer plan se debió a la incapacidad estatal para enfrentar por sí sólo el complejo problema habitacional. El segundo y tercer planes, se debieron a la falta de autonomía de los ciudadanos, lo cual no pudo suplirse con las microbrigadas controladas por el Estado. El del cuarto plan –segundo de 100 mil viviendas– por dedicarse los constructores profesionales a las obras priorizadas de la Batalla de Ideas y descargar la responsabilidad principal de la construcción en la familia, desposeída de derechos, de libertades, de medios, de mercados de materiales de construcción a precios asequibles y de los hábitos de responsabilidad, perdidos por la excesiva tutoría estatal.

Algunos resultados de la crisis habitacional

El problema de la vivienda –en una sociedad donde el trabajo dejó de ser la fuente principal de ingresos y la conducta moral quedó atrapada por la sobrevivencia– encontró una salida en las ocupaciones y construcciones de viviendas no autorizadas. Desde ese momento se desaceleró el ritmo constructivo y el énfasis estatal giró desde la preocupación por construir a la promulgación de leyes y regulaciones para controlar el creciente desorden.

En diciembre de 1984 se promulgó la ley 48 “Ley General de la Vivienda”, que autorizó la “transferencia de la propiedad” a la cubana, es decir, propiedad sin derecho, pues ninguno de los supuestos propietarios puede vender, arrendar, permutar, traspasar, o alojar en su inmueble libremente a quien considere, lo que influye en el descuido y el deterioro de los inmuebles. En 1988 se aprobó la ley vigente, encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para “propiciar la solución del déficit habitacional” y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda. En diciembre de 1995 se creó una nueva institución para controlar el desenfreno: el Grupo Nacional, integrado, entre otros organismos, por los institutos de la Vivienda y de Planificación Física y los ministerios de Justicia y del Interior. Sin embargo, ninguna de esas medidas pudo resolver las ilegalidades. En julio del 2000 se aprobó el Decreto-ley 211 que prevé inspecciones físicas a los inmuebles y que exige una imprescindible autorización institucional para permutar, y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona, menoscabando así el derecho de propiedad reconocido en las leyes anteriores. Luego, en febrero del 2001, se aprobó otro Decreto ley para el control de las contravenciones. De acuerdo a esta última medida el Instituto de la Vivienda no sólo monopoliza, sino que elimina definitivamente la compraventa entre particulares y otorga a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación. En fin, control y represión, pero no solución al problema de la vivienda.

Este breve recuento de las medidas legales referidas al complejo problema de la vivienda en los últimos 42 años marca un camino fracasado que va del intento de suplir el déficit habitacional de antes de 1959 hasta el férreo control estatal sobre la ciudadanía en todo lo relacionado con el problema habitacional. Un camino que ha conducido al avanzado deterioro del fondo habitacional por falta de mantenimiento; a los continuos derrumbes parciales y totales, sobre todo en épocas de lluvias y huracanes; al renacimiento y crecimiento de los barrios marginales, a la construcción de inmuebles sin condiciones para vivir decorosamente y sin calidad para resistir los fenómenos naturales que nos azotan cada año. Ello ha conformado un cuadro que se ha venido agudizando en el tiempo, generalizándose en el espacio y devenido tragedia nacional con el efecto de los últimos eventos atmosféricos, lo que ha confirmado la imposibilidad de que el Estado pueda en ningún país del mundo, mucho menos desde una concepción totalitaria, resolver el grave problema habitacional.

Factores para una posible solución

Es necesaria la realización de estudios multidisciplinarios que, junto a los factores físicos y económicos, abarquen los psicológicos, sociológicos y demográficos. Por la magnitud del problema y la cantidad de factores a integrar, –económicos, sociales, ambientales, arquitectónicos, urbanísticos, y sobre todo la participación activa de los ciudadanos– la vivienda necesita de un nuevo organismo rector con rango de ministerio. El Instituto de la Vivienda, el Ministerio de la Construcción o el Instituto de Planificación Física, se relacionan y complementan, pero no absorben toda su complejidad. A ese organismo central hay que agregar: un banco especializado; una industria de materiales; una política de precios y una de financiación, para la cual hay que explorar nuevas fuentes.

El Estado cubano, como cualquier otro, debe y tiene que participar en la solución de la vivienda, Su función, en este sentido, sigue siendo determinante, que no es lo mismo que excluyente. Con su participación, mediante el control, los créditos bancarios, la venta de materiales de construcción y la permisibilidad para la creación de pequeñas empresas constructoras –privadas o cooperativas– habría desatado una fuerza autónoma y paralela al Estado en la construcción de inmuebles y habría creado una nueva e importante fuente de trabajo. Se ignoró que las viviendas la empezaron a construir los hombres y sus familias antes del surgimiento del Estado.

Al menos cuatro razones justifican y exigen la presencia estatal: 1- Porque la vivienda satisface una necesidad básica pero es muy onerosa, requiere por ello de un largo período de construcción y por tanto de fuentes de financiamiento; 2- Porque hay componentes de la construcción como el cemento y la madera, por sólo citar dos, que dependen de grandes empresas bajo su control; 3- Porque se necesitan grandes mercados abastecedores de materiales constructivos; y 4- Porque no se puede permitir libremente la construcción. La edificación y el urbanismo exigen normas tecnológicas de habitabilidad, de diseño urbano, de sistemas sanitarios, energéticos, viales y de comunicación, entre otros.

A su vez, la participación ciudadana se fundamenta en el enfoque humanista que sitúa la vivienda como una necesidad básica subordinada a un fin, que es el hombre. Para ello lo primero es situar al ser humano en primer plano, definir la función social de la vivienda, e instituir los derechos y los espacios para su participación, al margen de criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo, a través de pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas de producción de materiales de construcción, como son los bloques de hormigón o los ladrillos, la reparación, la venta de materiales, y en todo el proceso que va desde las inversiones hasta la mano de obra de los necesitados.

Ni el Estado sólo, ni la sociedad sin el apoyo estatal. De lo contrario, como ha sucedido en Cuba, el Estado, omnipotente, lo promueve todo y con ello paraliza las potencialidades ciudadanas al atar las capacidades del pueblo, lo que constituye un crimen contranatura y conduce al desastre en el que estamos inmersos. Cuba demanda una nueva política habitacional cuyo eje central debe ser la combinación armónica entre justicia social, intereses individuales y sociales, libertad y posibilidad de participación; en fin, Estado y Sociedad conjuntamente.