Por Luis Ayllón

Al régimen de Cuba no les agrada el ambiente que se ha creado en el país, tras la puesta en marcha del proceso que, gracias a la Ley de Memoria Histórica, permite a los nietos de españoles obtener la nacionalidad española.

La gran afluencia de demandantes en los consulados provoca malestar en las autoridades castristas, que así se lo han hecho saber al Ejecutivo español, según se informó a ABC en fuentes solventes.

Formalmente, las quejas se refieren al hecho cierto de que la tramitación de tantos expedientes ha aumentado también el volumen de trabajo de los organismos oficiales cubanos, como el Registro o el Ministerio de Relaciones Exteriores, a los que los peticionarios tienen que dirigirse para obtener o legalizar documentos, entre ellos los que acrediten la entrada de sus padres o abuelos en el país.

Mala imagen

Sin embargo, además de por estos motivos burocráticos, las autoridades cubanas se muestran incómodas porque no les favorece nada la imagen de sus conciudadanos en las colas ante los consulados españoles, aspirando a obtener un documento que, en muchos casos, desean para abandonar el país, ante la falta de expectativas políticas y económicas.

Los cubanos con posibilidades de lograr el objetivo de ser españoles han puesto en marcha su conocida capacidad para «resolver» y conseguir los documentos que necesitan para ello.

Uno de los hechos que más enfado provocó en el régimen es la gran atención mediática que tuvo la primera concesión de un pasaporte español a un cubano acogido a la llamada popularmente «ley de nietos», que permite obtener la nacionalidad española a los nietos de emigrantes, aunque sus padres nacieran fuera de España o se hubieran visto obligados a renunciar a su nacionalidad tras exiliarse durante el franquismo.

«¡Viva España!»

Ese primer caso fue el del cardiólogo cubano Norberto Luis Díaz, nieto de un canario y cuyos padres nacieron en Cuba, quien, en cuanto recibió la documentación que le acredita como español, gritó: «¡Viva España!» y dijo que su intención era viajar pronto a nuestro país donde tenía una oferta de trabajo.

Quienes obtengan la nacionalidad española pueden seguir manteniendo la cubana, si lo desean, porque así lo permite la ley en España. Para Cuba, en cualquier caso, esas personas siguen teniendo la nacionalidad cubana, aún cuando el hecho de que dispongan de un pasaporte español, les concede unas posibilidades de movimiento que los cubanos no tienen, entre otras, la facilidad para abandonar la isla en busca de mayor libertad o de un mejor nivel de vida.

Algunas fuentes aseguraron que, molestas por lo que está sucediendo, las autoridades cubanas llevan a cabo en ocasiones veladas amenazas de retirada de ayudas o prebendas a quienes optan por conseguir la nacionalidad española, e incluso, que los miembros del Partido Comunista lo tienen expresamente prohibido.

El Consulado en La Habana, el que más peticiones tramita, atiende a unas 325 personas cada día, y sólo en mayo fueron resueltas positivamente 2.800 demandas.

Se han recibido ya en torno a las 35.000 peticiones y se estima que en los dos años de plazo fijados por la ley, hasta el 27 de diciembre de 2010, el Consulado tramitará más de 150.000 expedientes, una cifra que podría aumentar hasta los 200.000, a lo largo del año de prórroga fijado también en la normativa.

Para atender esta fuerte demanda, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho un gran esfuerzo dotando al Consulado de medios humanos y materiales. Unas 35 personas se dedican casi en exclusiva a tramitar las solicitudes. Al propio tiempo, ante las quejas de Cuba, se ha ofrecido ayuda a sus autoridades para paliar la sobrecarga de trabajo que el proceso puesto en marcha ha acarreado para los funcionarios cubanos.

Cuba es uno de los países donde más peticiones se esperan, ya que desde su independencia en 1898 hasta 1930, se calcula que cerca de un millón de españoles se establecieron en la isla. El número de exiliados tras la Guerra Civil española que eligió Cuba como destino es, por el contrario, muy pequeño, en comparación con otros países, como México o Francia.

La mayoría de las solicitudes se están registrando, además de en Cuba, en Argentina y Uruguay.