Human Rights Watch

Represión durante el gobierno de Raúl Castro

Desde que asumió en julio de 2006, el gobierno de Raúl Castro ha continuado encarcelando a disidentes mediante la aplicación de muchas de las mismas leyes empleadas durante el
gobierno de Fidel Castro.

Estas leyes incluyen aquellas que penalizan el desacato, la asociación, la desobediencia, la resistencia y los atentados contra los funcionarios públicos.

El gobierno de Raúl Castro también ha aplicado, en particular, una disposición sobre “peligrosidad” con el fin de encarcelar a personas que no han cometido ningún delito.

Esta disposición ha sido aplicada tanto a disidentes como a ciudadanos cubanos comunes desempleados o que trabajan por cuenta propia en forma ilegal.

Aplicación de la disposición sobre peligrosidad

Durante la investigación para la elaboración de este informe, Human Rights Watch documentó más de 40 casos de disidentes condenados en virtud de la ley de “peligrosidad” por el gobierno de Raúl Castro. Muchas personas más informan haber recibido “actas de advertencia” en las cuales se indica que el ejercicio de sus derechos fundamentales constituye una forma de conducta “peligrosa”.

Los casos se extienden en las 14 provincias de Cuba y afectan a personas de diversas profesiones. Algunas pertenecen a organizaciones no oficiales, tales como sindicatos o grupos de jóvenes, mientras que otras son personas sin afiliación alguna.

Entre ellas se incluyen periodistas, miembros de grupos religiosos, médicos, estudiantes y defensores de derechos humanos. El grupo está integrado por diversas personas, entre ellos un conductor de bicitaxi que intentó organizar a sus compañeros bicitaxistas en un sindicato independiente, un periodista que creó una agencia de prensa independiente, y un defensor de derechos humanos que intentó atravesar Cuba a pie para llamar la atención sobre los abusos y los presos políticos.

La acusación formal del activista político Digzan Saavedra Prat constituye un ejemplo del tipo de actividades que el estado considera peligrosas. Saavedra, un miembro de un grupo de derechos humanos no oficial de Banes, provincia de Holguín, recopilaba información sobre abusos y asistía a encuentros no autorizados. En su acusación se le imputa, entre otras formas de “conducta antisocial”, lo siguiente:

Se relaciona con personas de mala conducta moral y social, presume de guapo,... se manifiesta en contra del proceso revolucionario y de las personas integradas a la Organizaciones Políticas que viven en su zona de residencia. Le constan Cuatro Advertencias Oficiales y Dos cartas educativas.... [E]ste no mejora su conducta representando un mal ejemplo para la nueva generación.

Saavedra manifestó que el fiscal no presentó testigos, “actas de advertencia”, ni ninguna otra prueba durante su juicio sumario celebrado a puertas cerradas en enero de 2008.

Cuando Saavedra informó a su abogado defensor que sus derechos estaban siendo violados, este le dijo que, a menos que quisiera recibir una condena más severa, era preferible no hablar de derechos ante el tribunal. Saavedra fue condenado a un año de
“reeducación” y fue trasladado inmediatamente a prisión.

Medidas contra personas desempleadas y que desarrollan una actividad por cuenta propia en forma ilegal

El gobierno cubano también aplica la disposición sobre “peligrosidad” a personas que no son disidentes pero están desempleadas o desarrollan una actividad laboral por cuenta propia en forma ilegal. Conforme a la disposición sobre “peligrosidad”, aquellos que “viven como un parásito social, del trabajo ajeno” participan de una forma de “conducta antisocial” y pueden ser castigados.

El encarcelamiento de personas debido a que no forman parte del sistema laboral bajo el control del estado demuestra que cualquier forma de no cooperación con el gobierno cubano puede ser considerada una conducta peligrosa.

El cuentapropismo se encuentra estrictamente regulado por el gobierno cubano, y la
autorización para administrar un negocio privado se otorga en forma individual, según cada caso.

Administrar un negocio o trabajar en él sin autorización del gobierno es ilegal.

Tanto no disidentes como disidentes manifestaron a Human Rights Watch que era difícil subsistir con el salario de un empleo oficial de tiempo completo y con las raciones del gobierno. Los trabajadores con los cuales hablamos informaron que los salarios mensuales oscilaban entre 250 y 400 pesos cubanos, es decir, entre USD 9,50 y 15,20.

Enyor Díaz Allen dijo que el salario mensual no era suficiente para comprar un par de zapatos. Rafael Meneses Cuco señaló que el dinero no le alcanzaba para comprar un cepillo de dientes.

“Gerardo Domínguez” afirmó que si no hubiera buscado una segunda fuente de ingresos, él y su madre jubilada no tendrían dinero suficiente para comer.

En 2008, varios desastres naturales y otros provocados por el hombre profundizaron las dificultades económicas de la mayoría de los cubanos. Una serie de tres huracanes devastadores azotaron la isla y provocaron daños por alrededor de USD 10.000 millones, y la crisis financiera mundial desaceleró drásticamente el crecimiento económico de Cuba.

En respuesta, en 2009 el gobierno cubano introdujo una serie de medidas de austeridad, como la reducción del 50 por ciento en las porciones de almuerzo ofrecidas en los lugares de trabajo, que afectaron a todos los cubanos.

Mientras tanto, las sanciones del embargo estadounidense, que lleva ya varias décadas, continúan perjudicando a todos los sectores de la población cubana.

Frente a tales dificultades económicas, algunos cubanos afirmaron que habían optado por trabajar en negocios no oficiales dado que, a pesar del riesgo, podían obtener mejores salarios.

Otros dijeron que preferían no tomar empleos del gobierno porque no estaban interesados en el trabajo que les ofrecían, el cual, por lo general, consistía en empleos en el sector de la construcción o agrícola. Diversos defensores de derechos humanos y periodistas en La Habana, Sancti Spíritus, Holguín, Santiago y Guantánamo manifestaron que los cubanos que no tenían empleo o desarrollaban una actividad por cuenta propia en forma ilegal eran juzgados sistemáticamente por “peligrosidad”.

“Gerardo Domínguez”, un ciudadano de 28 años de La Habana, que no pertenece a ningún grupo o movimiento político no oficial, comentó a Human Rights Watch que más de diez de sus amigos habían recibido advertencias o habían sido encarcelados por no trabajar o por operar negocios secundarios no autorizados. Uno de sus amigos fue descubierto mientras vendía autopartes sin permiso oficial en 2008, y fue acusado de “peligrosidad”.

“Michel Labrada”, otro residente de La Habana, dijo que la policía visitó cada vivienda de su vecindario en junio de 2009 para elaborar una lista por hogar de quiénes tenían empleo y quiénes no. Los desempleados fueron asignados a tareas durante un plazo breve, y se les comunicó que recibirían una advertencia por “conducta antisocial” si no se presentaban a trabajar.

Según la defensora de derechos humanos Ana Margarita Perdigón Brito, “Luis Acosta”, un residente de Sancti Spíritus que no podía trabajar debido a lesiones en la columna vertebral, asma crónica y otras afecciones, fue condenado a dos años por “peligrosidad”, debido a no tener empleo. Acosta manifestó que sus afecciones y el hecho de que recibía asistencia por discapacidad del gobierno no fueron tenidos en cuenta durante su juicio sumario celebrado a puertas cerradas.

Gabriel Díaz Sánchez, un defensor de derechos humanos, describió un operativo idéntico realizado en Bayamó, provincia de Granma, a comienzos de 2009. Contó que si bien el gobierno estaba llevando a cabo un censo de hogares, los funcionarios también preguntaban quién estaba desempleado y les asignaban nuevos empleos. Aquellos que no se presentaban a trabajar a sus nuevos empleos, comentó Díaz, eran llevados ante los tribunales y acusados de “peligrosidad”.

En 2009, el gobierno lanzó una nueva campaña dirigida a los desempleados en Cuba
Oriental, denominada Operación Victoria. Según varios defensores de derechos humanos de la provincia de Guantánamo, la campaña consistía en enviar advertencias oficiales a los desempleados, especialmente a los jóvenes, y en someterlos a vigilancia policial.

Las personas que no encontraban trabajo en el término de algunas semanas de haber recibido sus advertencias eran condenadas por “peligrosidad”.

A partir de enero de 2009, las noticias sobre el operativo se transmitieron en estaciones de radio y televisión estatales, y se difundieron durante las reuniones de los comités de defensa de la revolución o CDR

El 12 de enero de 2009, se emitieron advertencias oficiales a, aproximadamente, 80 personas —la mayoría de ellas jóvenes— en Guantánamo por estar desempleadas, según el periodista Luis Felipe Rojas, quien informó sobre el operativo. Rojas sólo pudo publicar sus artículos acerca del operativo —al igual que todo su trabajo en el cual critica las acciones del gobierno cubano— en sitios web alojados fuera de Cuba.

Según Rojas, las personas a quienes se dirigieron las advertencias obtuvieron un plazo de 15 días para obtener un empleo y se les informó que, de lo contrario, serían puestos a disposición de los tribunales.

Rojas contó a Human Rights Watch que, en febrero de 2009, 35 de las 80 personas fueron acusadas de “peligrosidad” y recibieron condenas que contemplan desde un año de trabajo forzado hasta cuatro años de prisión. Afirmó que la Operación Victoria “tenía el objetivo de agarrar a personas que no trabajan, pero terminaron agarrando a personas que laboraban por cuenta propia para poder sobrevivir, revendiendo artículos, haciendo trabajos manuales, llenando aire a los neumáticos, vendedores ambulantes, y así, agricultores independientes, etc. ”.

Además de castigar a aquellos que no tienen empleo, el gobierno lanzó una campaña
propagandística destinada a mostrar a las personas sin empleo como parásitos sociales y a alimentar el resentimiento colectivo contra quienes operan negocios no autorizados.

En marzo de 2009, un joven al que se lo llamó “Gustavo” en un artículo publicado en Granma, el periódico oficial del gobierno, fue juzgado por “peligrosidad” ante una audiencia de curiosos en una plaza pública, en Las Tunas. Según el artículo, el evento fue “llamado a elevar la cultura jurídica y la conciencia de la población”.

Gustavo fue acusado de cambiar moneda en forma ilícita y, según lo informado por el artículo, el desdén de la comunidad se veía reflejado en “las miradas del pueblo donde se mezclan rechazo a actitudes impropias y preocupación, cuando son jóvenes los ‘tristes protagonistas’ de tales deformaciones”.

El artículo finalizaba con un llamado a la autorreflexión y a un cambio en la conducta por parte del público:

Ojalá el malestar que refleja su semblante [el de Gustavo] sea vergüenza, arrepentimiento, gratitud ante la diestra defensa por parte del abogado... Ojalá la repercusión de este y de otros casos evaluados por su índice de peligrosidad, sirva para que todos (“torcidos y rectos”, familia y comunidad, instituciones y sociedad), saquemos la conclusión que nos lleve a ser más preventivos e intransigentes ante lo mal hecho y mejores en lo que a cada quien corresponde hacer.

Las personas con las cuales hablamos en otras provincias afirmaron que los juicios por “peligrosidad” como el de Gustavo se transmitían en la televisión estatal a modo de advertencia para al público.

El círculo vicioso: los disidentes desempleados y la “peligrosidad”

En el gobierno de Raúl Castro, se niega sistemáticamente el trabajo a los disidentes debido a sus opiniones políticas. Dado que cualquier persona desempleada puede ser acusada de “vivir del trabajo ajeno” y, por lo tanto, ser declarada culpable de “conducta antisocial”, la disposición sobre “peligrosidad” ofrece un sistema a medida para castigar el disenso.

Los disidentes no pueden conseguir empleo porque son considerados peligrosos, y se los considera peligrosos porque no tienen empleo.

Ana Margarita Perdigón Brito, defensora de derechos humanos en Sancti Spíritus y hermana de un periodista condenado por “peligrosidad”, describió este círculo vicioso en los siguientes términos: “Mi hermano trabajaba con el gobierno y lo despidieron por no ser confiable, por ser defensor de los derechos humanos. No le daban trabajo y después, cuando lo encausaron, lo encausaron por decir que no trabajaba.”.160 Su hermano Raymundo Perdigón Brito fue condenado a cuatro años de prisión por “peligrosidad” en diciembre de 2006.

Alexander Santos Hernández, miembro del Movimiento Liberal Cubano de Holguín, de
carácter no oficial, fue despedido en 2005 de su empleo como instructor de artes marciales.

Cuando se acercó al centro de trabajo del estado para buscar un nuevo empleo, según
manifestó, un funcionario de gobierno le dijo: “los gusanos no se merecen trabajo”.

Tras solicitar empleo sin éxito durante varios meses, fue condenado a cuatro años por “peligrosidad” en 2006. Según Santos, el argumento principal que utilizó el fiscal del estado en su juicio fue que se encontraba desempleado.

Hugo Damián Prieto Blanco, un activista político que juntaba firmas para el Proyecto Varela, recibió el beneficio de la libertad condicional en febrero de 2008 tras cumplir tres años y medio de una condena de cuatro años por “peligrosidad”. No obstante, según su esposa, una vez liberado, no pudo encontrar trabajo. Un empleador tras otro le decía que no era “idóneo” o “confiable”, o que no contrataban “contrarrevolucionarios”. Su libertad condicional fue revocada en agosto de 2008 con el argumento de que estaba desempleado, y fue enviado nuevamente a prisión, donde cumplió el resto de su condena hasta mayo de 2009. “En el tribunal nos dijo el juez que él no encontraba trabajo”, declaró su esposa. “Pero es que no le dan trabajo”.

Como se destacó al comienzo de este informe, Ramón Velásquez Toranzo fue condenado a tres años de prisión por “peligrosidad” en enero de 2007 por intentar cruzar Cuba a pie para llamar la atención sobre la situación de los derechos humanos. Según señaló su hija, el argumento principal presentado por el fiscal del estado en su juicio fue su situación de desempleo.

El gobierno manifestó que había enviado tres advertencias oficiales a la casa de Velásquez en las semanas anteriores a su detención, en las cuales se le informaba que su falta de empleo constituía una “conducta antisocial”. Pero él no se encontraba en su casa para recibir las advertencias debido a que esto sucedió durante su caminata.

Además de la ley de “peligrosidad”, el gobierno de Raúl Castro ha empleado muchas de las mismas leyes que penalizan el disenso y que fueron aplicadas durante el gobierno de Fidel Castro. Entre los casos más destacados pueden mencionarse el de Rigoberto Zamora Rodríguez y el de Yoandri Gutiérrez Vargas; ambos fueron condenados a dos años de prisión por actuar en desacato al jefe de estado debido a haberse manifestado públicamente contra el gobierno en Bayamo, provincia de Granma, en enero de 2008

La acusación del fiscal, cuya copia obtuvo Human Rights Watch, expresaba que dos ex miembros de “grupúsculos contrarrevolucionarios ... empezaron a manifestarse contra nuestro proceso revolucionario” en la vía pública.

Zamora y Gutiérrez, proseguía, habían alentado a las personas a: no realizar el boto unido que fortalece a nuestro sistema político y social, y manifestaron frases ofensivas contra la figura de nuestro Comandante en Jefe, entre las que se econtraban: “este viejo nos está matando de hambre”, “abajo Fidel”, “abajo la vieja esa”(N. E. refiriendose a Raul Castro), “abajo el comunismo”....

La acusación también decía que Zamora estaba desempleado, “no realiza actividad socialmente útil” y “se relaciona con personas contrarrevolucionarias”, y que Gutiérrez,
además de estar desempleado y vincularse con contrarrevolucionarios, “no pertenece a ninguna organización de masas”.

Enyor Díaz Allen, miembro del grupo no autorizado Jóvenes por la Democracia de Guantánamo, fue condenado a un año de prisión por desacato en marzo de 2009 cuando participaba en una pequeña protesta contra al gobierno y exigía respeto por los derechos humanos.

Las autoridades habían arrestado a Díaz en tres oportunidades antes de su detención por participar en actividades pacíficas y le habían advertido que sería encarcelado si no modificaba su conducta. El activista por la democracia Maikel Bencomo Rojas afirmó que fue hostigado en reiteradas oportunidades por oficiales de seguridad debido a que tenía un tatuaje en la espalda que decía “Abajo Fidel”. Fue arrestado mientras se dirigía a una reunión no autorizada en La Habana y fue condenado a dos años de prisión en febrero de 2008.

Fue acusado de llevar a cabo un atentado contra la autoridad y de desacato. En otro caso, Alejandro Jiménez Blanco fue acusado de resistencia a la autoridad por haber proferido consignas contra el gobierno y en favor de la democracia en una plaza pública en Guantánamo, en marzo de 2009. Fue condenado a dos años de prisión