Human Rights Watch

Clima de temor

Las prácticas represivas del gobierno de Raúl Castro documentadas en el presente informe han generado un clima de temor que ha afectado profundamente a los disidentes y la sociedad cubana en general.

El temor a la represión determina la conducta de los cubanos, ejerciendo presión para que participen en actividades a favor del gobierno y disuadiendolos de expresar su disenso o de involucrarse en actividades que puedan percibirse como “contrarrevolucionarias”. Las personas que expresan una opinión política distinta viven bajo el temor constante de sufrir hostigamiento, golpizas o detenciones.

El uso generalizado de la vigilancia y los infiltrados por parte del gobierno genera un entorno en el cual los cubanos sienten que son observados constantemente. La vigilancia no sólo provoca ansiedad, sino que además propicia la desconfianza y las sospechas entre los miembros de la comunidad de disidentes. Esta desconfianza se extiende a las instituciones y las leyes encargadas de proteger los derechos de los cubanos. Los disidentes expresaron una absoluta falta de confianza en la capacidad de los tribunales de garantizarles un juicio justo.

El temor es un aspecto central de la estrategia de aislamiento del gobierno cubano, que ejerce presión sobre amigos y familiares para que corten los vínculos con los disidentes. El aislamiento, sumado a otras formas de hostigamiento, tiene un fuerte efecto emocional y psicológico en los disidentes y sus familias. Puede causar depresión o trastornos psicológicos crónicos.

Autocensura y lealtad forzada

El temor lleva a las personas a participar en actividades a favor del gobierno y a mostrar su lealtad al partido. Tener un empleo, pertenecer al “comité de defensa de la revolución” local y al sindicato del estado, y asistir a actos de apoyo al gobierno son actividades que se perciben como modos de demostrar la lealtad al proyecto “revolucionario”. No participar equivale a mostrarse como sospechoso, o incluso peligroso.

Según la defensora de derechos humanos Ramona Sánchez Ramírez, “[t]odo funciona a través de miedo y terror.... La gente sabe que tiene que ir [a actividades revolucionarias], porque si no se buscan problemas”

“Gerardo Domínguez”, un joven de La Habana, le dijo a Human Rights Watch que su comité local de defensa de la revolución tomaba lista durante los encuentros y los eventos oficiales, y transmitía los nombres de quienes no asistían a los agentes de seguridad.

El temor también disuade a las personas de expresar su disenso o participar en cualquier actividad que pueda percibirse como “contrarrevolucionaria”. Disidentes y no disidentes por igual señalaron reiteradamente que cualquier forma de disenso podría dar lugar a actos de represión, como detenciones, golpizas, encarcelamiento u otras medidas. Pedro Pablo Álvarez Ramos, ex preso político y líder de un sindicato no autorizado, describió el sistema de la siguiente manera:

En Cuba todo el mundo tiene un expediente. Si usted no está en el marco que cumple con lo establecido [por] el régimen o no está dispuesto a llevar a cabo las tareas que ellos les asignen, si usted no quiere tener esa actitud o formar parte del partido, el comité, entonces son marginados... los consideran como proclive a cometer delitos. En Cuba para todo tiene que ser revolucionario.

El defensor de derechos humanos Rodolfo Bartelemí Coba dijo a Human Rights Watch, “Vivimos las 24 horas del día preparados para ser detenidos en cualquier momento.... A veces aplican [el castigo] en esos momentos, a veces en otros momentos, pero permanentemente lo aplican cuando ellos [lo] estim[a]n conveniente.”

Alexander Santos Hernández describió la amenaza de represión como constante, y se refirió a Cuba como “un sistema ya diseñado para encausarlo”. Dijo que esto resultaba aún más evidente en el caso de la disposición sobre “peligrosidad”, a la cual describió como “una ley ya lista [por la cual te pueden] acusar en cualquier momento. Es como una trampa para un ratón que esta con la boca abierta, y nada mas hay que pasarle por delante y en un solo día ya estás en la prisión”. Acerca de la ley de “peligrosidad”, Eduardo Pacheco Ortíz dijo, “[s]iempre le están metiendo miedo con esta ley. Todo opositor que arremete a la oposición ha sido reprimido con miedo”.

Varias personas señalaron que habían moderado deliberadamente su participación en
actividades que pueden considerarse críticas del gobierno para evitar ser arrestadas.

William Reyes Mir fue anteriormente miembro activo de un grupo político poco numeroso, de hablar con personas que no fueran locales podía despertar las sospechas del comité “revolucionario” barrial, y que hablar sobre derechos humanos podía tener como resultado el encarcelamiento.

Los blogs locales cubanos permiten conocer cómo el temor se filtra en la sociedad cubana en general. Reinaldo Escobar, ex periodista que se transformó en autor del blog “Desde Aquí”, escribió:

Se puede asegurar que en Cuba la inmensa mayoría de las personas que viven hoy en el territorio insular, nunca ha sufrido en carne propia una represión directa del gobierno. A pocos los han llevado a [la prisión de] Villa Marista, a muchos ni siquiera los han visitado [las autoridades] para advertirles que se están portando mal. La mayoría de las personas no ha sido despedida de su trabajo o expulsada de la escuela a causa de sus opiniones políticas...

¿Por qué entonces ese dedo índice cruzando los labios, esos ojos desorbitados, ese horror reflejado en el rostro de mis amigos, cuando en sus casas cometo la indiscreción de hacer un comentario político al alcance de sus vecinos? Ya sabemos donde están aquellos que lucharon frente al miedo... los paralizados están aquí en torno nuestro, esperando a ver qué hacen los valientes.

Yoani Sánchez, autora del blog “Generación Y”, escribió: Poco, muy poco –me aclaran [los vecinos]- puede hacerse ya para que no toquen a mi puerta una mañana bien temprano. En espera de eso, quiero señalar que no guardo armas bajo la cama. Sin embargo, he cometido un delito sistemático y execrable: me he creído libre... Mas no se confíen; no soy del todo inocente. Llevo en mi haber un montón de fechorías: he comprado sistemáticamente en mercado negro, he comentado en voz baja –y en términos críticos- sobre quienes nos gobiernan, he puesto apodos a los políticos y comulgado ante el pesimismo. Para colmo, he cometido la abominable infracción de creer en un futuro sin “ellos” y en una versión de la historia diferente a la que me enseñaron. Repetí las consignas sin convicción, lavé los trapos sucios a la vista de todos y –magna transgresión- he unido frases y juntado palabras sin permiso.

Si bien algunos señalan el surgimiento de estos blogs como una prueba de que el gobierno de Raúl Castro tolera el disenso, el acceso a muchos de ellos ha sido bloqueado dentro de Cuba. Asimismo, el acceso a internet sólo se encuentra disponible en unos pocos centros administrados por el gobierno y hoteles para turistas, donde el costo es de, aproximadamente, US$ 5 por hora, es decir, un tercio del salario mensual en Cuba. Las conexiones privadas de internet requieren autorización especial del gobierno, y sólo se conceden excepcionalmente.

Por esta razón, los autores de blogs a menudo escriben sus publicaciones en las computadoras en sus casas, las guardan en dispositivos de memoria extraíbles y actualizan la información a través de conexiones ilegales. Paradójicamente, quienes escriben estos blogs casi nunca tienen la posibilidad de verlos. En una publicación de agosto de 2009 en un blog, su autor, Luis Felipe Rojas, expresó: “Escribo sin poder contestarle a quienes apoyan o rebaten mis pobres argumentos. Jamás he podido ver este blog on line”.

A su vez, como señaló el novelista Ángel Santiesteben en su blog, las personas que escriben con tenor crítico se exponen a “la pérdida de los amigos, algunos se alejarían por miedo a represalias”, así como a amenazas y agresiones físicas por parte de funcionarios gubernamentales.

Rojas, autor de un blog, fue detenido en forma arbitraria e interrogado debido a sus publicaciones.

Vigilancia y sospechas

El control constante del gobierno hace que los disidentes sientan que cada movimiento está siendo observado, y el uso de infiltrados propicia la desconfianza y las sospechas entre los grupos.

Los disidentes afirmaron insistentemente que sus teléfonos estaban intervenidos y que sus conversaciones eran grabadas por agentes de seguridad, y citaron como prueba de ello que posteriormente las autoridades les repetían fragmentos de conversaciones telefónicas o nombraban personas con las cuales habían hablado. Víctor Yunier Fernández Martínez le dijo a Human Rights Watch que podría ser castigado por decir cualquier cosa crítica del gobierno por teléfono:

Estas palabras que yo estoy hablando contigo ... pueden costarme la vida. Pueden costarme a mí citaciones. Pueden costarme que me vengan a buscar aquí ahorita a un carro, porque aquí todas las líneas telefónicas son gubernamentales están intervenidas.

El disidente Eduardo Pacheco Ortíz afirmó haber sido detenido mientras caminaba por la calle el día siguiente a la entrevista telefónica con Human Rights Watch. En un llamado posterior, Pacheco expresó “No me dijeron nada sobre el llamado porque no quieren ponerse en evidencia. Pero se que es por el llamado”.

Las comunicaciones telefónicas se cortaron decenas de veces durante las entrevistas de Human Rights Watch con disidentes, y en varios casos las líneas de los disidentes fueron suspendidas durante varias horas o días después de estas. Los disidentes atribuyeron estos sucesos a la interferencia de los censores.

Los disidentes afirmaron que los funcionarios del gobierno muestran deliberadamente su capacidad de vigilancia como una forma de intimidación. Marco Antonio Lima Dalmau afirmó que en interrogatorios anteriores, los funcionarios del gobierno habían mencionado datos que sólo podían conocer si habían colocado micrófonos en su vivienda.

“Joaquín Durán”, un miembro del clero, afirmó que cuando fue llevado para ser interrogado por la Seguridad del Estado, los oficiales tenían una lista de todas las actividades y reuniones políticas a las cuales había asistido en los últimos meses.

Varios disidentes dijeron a Human Rights Watch que el gobierno utilizaba infiltrados para obtener información. Como prueba, mencionaron los arrestos preventivos que se producían antes de los encuentros y que los agentes de seguridad sabían sobre los temas debatidos en grupos poco numerosos. René Velásquez González —hijo de un preso político que ha asistido a reuniones de grupos políticos no autorizados— afirmó que, incluso entre disidentes, era muy cuidadoso cuando criticaba al gobierno, ya que no había modo de saber si todos eran confiables.

Desconfianza en los tribunales

Los disidentes afirman que el sistema judicial cubano trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad para reprimir el disenso. En palabras de la disidente Rufina Velásquez González, “[e]n Cuba sencillamente los jueces y los jurados son un miembro más de la Seguridad del Estado. Ellos están allí para que se cumplan las leyes de la revolución, no la justicia y los parámetros legales”.

Los disidentes relataron reiteradamente a Human Rights Watch que no creían en la capacidad de los tribunales de dictar resoluciones justas ni de cumplir con su obligación de velar por las libertades fundamentales. Los disidentes se refirieron a sus juicios como “teatral[es]” y “un show”, y afirmaron que sus sentencias estaban “escritas de antemano” y “predeterminadas”. Según Enyor Díaz Allen, “[e]n Cuba no hay derechos.... Cuando quieren, te meten a prisión”.

Otros disidentes afirmaron que el sistema legal era utilizado para proteger a los funcionarios del gobierno que cometían abusos. Ana Margarita Perdigón Brito, una disidente que sufrió numerosas golpizas por parte de agentes de seguridad, señaló, “[l]as autoridades están acreditad[a]s de impunidad.... Violan la ley o no la violen, a ellos no les pasa nada”.

René Gómez Manzano describió cómo los distintos poderes del gobierno cubano trabajan conjuntamente para reprimir el disenso:

Esto funciona ... como una central azucarera en donde usted primero mete la caña, luego pasa por un trapiche y hasta que no sale el saco de azúcar por el otro lado, el proceso no para. Esto es igual: lo coge a usted la policía, entonces cuando la policía va a la fiscalía dice: “Mire, detuvimos a este individuo”. Entonces la fiscalía lo acusa.... Si la fiscalía lo acusa entonces el tribunal de primera instancia lo sanciona.... Usted apela y cuando llega al tribunal superior, el tribunal superior ratifica la medida y punto. Ahí no hay otro tipo de cosa.

Ex presos políticos y familiares de personas que se encuentran actualmente en prisión relataron que, en los tribunales, las salas estaban llenas de agentes uniformados y vestidos de civil, así como miembros de “brigadas de respuesta rápida”, lo cual generaba un clima amenazador. “La sala estaba llena de gente armada”, manifestó Yaraí Reyes Marín, esposa del periodista y preso político Normando Hernández González, al describir el simulacro de juicio que este había recibido en 2003. Dijo que la cantidad de agentes armados, que superaban ampliamente a los familiares directos de Hernández, hizo que se sintiera atemorizada y aislada.

El descreimiento de los disidentes en la independencia de los tribunales tiene consecuencias concretas respecto de su conducta en los procesos legales. Como se señaló anteriormente, los disidentes optan reiteradamente por no apelar sus decisiones ni objetar los cargos en su contra, en tanto existe la percepción de que cualquier objeción — independientemente de que esté fundada adecuadamente— sólo dará lugar a una condena más severa.

Así, por ejemplo, William Reyes Mir no apeló su sentencia de dos años de trabajo forzado por “peligrosidad”, pese a que el fiscal del estado falsificó las acusaciones en su contra. Le dijo a Human Rights Watch: “Acá casi nunca se apela porque las apelaciones son peligrosas.

[Los abogados] amenazan ... que si apelas te puede salir mal... La gente apela y sale peor: le suben la sanción”.

Impacto emocional y psicológico

Los actos cotidianos de represión, el encarcelamiento en condiciones inhumanas y el temor tienen un fuerte impacto emocional y psicológico en los disidentes. El ex preso político Víctor Yunier Fernández Martínez comentó a Human Rights Watch que, desde que fue liberado en febrero de 2009, temía salir de su casa

En este momento yo me siento tenso, me siento estresado ... porque ya me condenaron.... No estoy ni saliendo, yo estoy aquí en mi casa. Tengo miedo [de] caminar, tengo miedo de que me lleven nuevamente a prisión. Temo por eso porque ya sufrí, ya sufrió toda mi familia.... Temo por lo que me pueda pasar.

Las consecuencias emocionales y psicológicas a menudo se extienden a los familiares de los disidentes. El periodista Juan Carlos Hernández dijo que, debido a que era detenido frecuentemente, su esposa comenzó a sufrir ataques de ansiedad y a tener permanentemente pesadillas en las cuales su esposo era arrestado. A causa de esto, debió recibir tratamiento psiquiátrico. Describió la situación generada por esta intimidación en los siguientes términos:

Sí, tengo miedo. No solamente yo; [también] mi familia. Vivimos en un constante encierro. Si tocan a la puerta, no queremos saber quién es, el corazón se nos quiere salir.... Cuando usted analiza todo ese conjunto de acciones, [se da cuenta que tienden a] desequilibrarte.

Las esposas y los hijos de presos políticos señalaron que habían experimentado períodos de depresión a causa de la reclusión de sus esposos o padres. Cuando su esposo fue acusado de “peligrosidad” en enero de 2007, Bárbara González Cruz no pudo levantarse de la cama durante varias semanas, afirmó su hijo. Dejó de comer y no quería hablar con ninguna persona.

El hijo de Rebeca Rodríguez Souto era un adolescente cuando su padre —el periodista Dr. Alfredo Pulido— fue condenado a 14 años de prisión en 2003.

Rodríguez Souto dijo que luego de la detención de su padre, su conducta cambió radicalmente. Se volvió retraído, no quería asistir a la escuela y se aisló de los demás.363 Dijo que a menudo sacaba las prendas de su padre y las ponía sobre la cama, y luego se quedaba mirándolas.

Juan Francisco Sigler Amaya informó que los actos públicos de repudio que se habían
montado en varias oportunidades fuera de su vivienda habían aterrorizado a sus cuatro
hijos. Dijo que durante mucho tiempo sufrieron las consecuencias traumáticas de cuando habían sido asediados en su casa —y de los cánticos amenazadores, los insultos, los apedreos y las amenazas que acompañaron dichos sucesos— y comentó a Human Rights Watch: “[Los hechos] tienen un efecto muy dañino, que se quedan grabados en su mente para toda la vida. Los traumatizó y llevarán esa carga psicológica, de ese horror. [Les generó] problemas, se asustan de cualquier cosa, no permiten que nadie entre [a la casa].”.

Varios ex presos políticos describieron un padecimiento permanente como consecuencia de las condiciones crueles, inhumanas y degradantes que soportaron en las prisiones cubanas.

Manuel Vázquez Portal, quien fue liberado en 2004, fue sometido a prolongados períodos de reclusión en régimen de aislamiento, y emprendió huelgas de hambre para llamar la atención acerca de las deplorables condiciones de encierro de él y otros presos. Dijo que cinco años después de su liberación, continuaba sufriendo “estados depresivos y [de] irritabilidad”, así como pesadillas recurrentes sobre su aislamiento, y que debió recibir tratamiento psicológico.Pedro Pablo Álvarez Ramos, un preso político que fue liberado en febrero de 2008, afirmó:

Nunca había padecido de estados depresivos y ahora a cada rato me sucede. A veces me levanto en la madrugada y pienso que aun estoy en la prisión. Nadie esta inmune. Uno vive tantos horrores—es una experiencia tan dura, estar aislado—más cuando uno no había cometido nada.

Estrategia de aislamiento

El temor es un elemento clave de la estrategia del gobierno para aislar a los disidentes de sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos y seres queridos. Las autoridades recurren a aquello que “Enrique Jiménez”, un miembro del clero, describe como sistema de “premios y castigos” para aislar a quienes perciben como enemigos: el contacto continuo con personas catalogadas como “contrarrevolucionarias” puede inducir a castigos, mientras que se premia a quienes los denuncian o aíslan.

En ocho casos, los disidentes afirmaron que las autoridades ejercían presión sobre sus familiares y amigos para que cortaran los vínculos con ellos. El disidente Alexander Santos Hernández, de Holguín, dijo que las autoridades advirtieron a su amiga de la infancia —una mujer que nunca había participado en actividades de disidentes— que su hija sería expulsada de la escuela si mantenía su amistad con Santos.

En algunos casos, como resultado de la presión de los funcionarios del gobierno, los familiares ponen fin a sus vínculos con los disidentes. Enyor Díaz Allen, un disidente de Guantánamo, dijo que su madre había dejado de hablarle debido a la presión de la policía.

Digzan Saavedra Prat, un disidente de Holguín y ex preso político, dijo que su hermano cortó todo contacto con él cuando las autoridades le advirtieron que si continuaba manteniendo contacto con su hermano “mercenario” iba a perder el empleo.

La nuera de Roberto Marrero la Rosa, un defensor de derechos humanos de Camagüey, trabajaba anteriormente en una fiscalía. Según Marrero, fue contactada por funcionarios del gobierno que le dijeron que si quería conservar su trabajo tenía que divorciarse de su marido (el hijo de Marrero) y entregar al hijo de ambos en adopción. Marrero contó que, como se negó, fue despedida.

El ex preso político Eduardo Pacheco Ortíz describió el efecto que tuvo este aislamiento en la red de vínculos sociales de su familia en Matanzas:

No se le permite a nadie dialogar conmigo. Las personas que van a mi casa enseguida son llamadas por la seguridad de estado y son reprimidas por ir a mi casa. Entonces la gente—con temor a perder su trabajo, por temor a que [las autoridades se] la tomen con alguien de su familia—simple y llanamente dejan de hablarme.

Rufina Velásquez Gonzáles —hija del preso político Ramón Velásquez Toranzo— dijo que varios de sus amigos habían sido contactados por agentes de seguridad, quienes les habían pedido que informaran secretamente sobre sus actividades.

Comentó que el hostigamiento que sufrió en público había sido un factor determinante para tomar la decisión de abandonar Cuba e irse a Estados Unidos, y que esta decisión era aún más difícil teniendo en cuenta que atrás quedaban su padre, que estaba en prisión, y su madre y hermano, que habían sido segregados por gran parte de su comunidad.

El hermano de Rufina, René Velásquez Gonzáles, quien permaneció en Las Tunas con su madre, le dijo a Human Rights Watch que las autoridades interrogaban a todos aquellos que pasaban tiempo con él, y les preguntaban por qué perdían su tiempo con un “gusano”. Un día, luego de tomar un refresco con un amigo, los agentes de seguridad acusaron a Velásquez de intentar adoctrinar a su amigo con “ideas contrarrevolucionarias”. Luego del incidente, Velásquez optó por no reunirse más con sus amigos más cercanos para evitar que tuvieran problemas. Sus compañeros de trabajo dejaron de hablarle, y su novia lo abandonó.

Describió la sensación de aislamiento como asfixiante. “Es como si alguien me pusiera una bota en el medio del pecho y presionara tan fuerte que casi no me dejara respirar. Cuando pienso que estoy por asfixiarme, entra un poco de aire. Y luego siento nuevamente la presión”.